Organizaciones sociales tradicionales, agrupadas en el Frente por la Familia, pidieron a la Iglesia católica su apoyo para difundir desde el púlpito la convocatoria para manifestarse por las calles de todos las entidades el 10 de septiembre y en la Ciudad de México el 24 del mismo mes. Aunque en principio parte de la curia católica aceptó participar en esta iniciativa, unos días después y ante la presión generada en redes sociales y por los partidos políticos de oposición, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, deslindó a la jerarquía de la iniciativa, pero dio libertad a los feligreses de marchar si lo desean.
Los antecedentes son conocidos: el presidente Enrique Peña Nieto anunció que enviaría al Congreso cuatro iniciativas de ley, entre ellas, una reforma a la Ley del Registro Civil para reconocer el matrimonio igualitario, entre personas del mismo sexo, y eliminar todos los términos que pudieran resultar discriminatorios.
La intención de promover la equidad entre homosexuales y heterosexuales, con las mismas posibilidades de acudir a la adopción de menores, despertó enojos en la curia y comenzó su activismo sin referir que la constitucionalidad de esos matrimonios ya los reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En las elecciones del 5 de junio se registró una de las peores derrotas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al perder cinco de las nueve gubernaturas en disputa y redujo su influencia en las otros cuatro. Analistas interpretaron que el voto en contra fue promovido desde los púlpitos.
La presión fue tal, que los legisladores del PRI, a través de su coordinador en la Cámara de Diputados, rechazaron presentar la iniciativa presidencial, “porque no es prioridad”.
Los partidos de oposición criticaron que la Secretaría de Gobernación (Segob) no iniciara una investigación contra los jerarcas católicos que promovieron este sesgo legislativo. El subprocurador de Asuntos Religiosos de Segob, Humberto Roque, se deslindó argumentando que no había elementos para proceder contra los religiosos, pues sólo hicieron uso de su legítimo derecho a la libre expresión de las ideas.
Y por todo eso y más, los promotores de las marchas siguen convocando y aseguran que ocurrirán en la mayoría de ciudades de México.
