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Mundo

Una condena no siempre es justicia

En Argentina, la palabra desaparecido es sinónimo de tortura y muerte y fue la historia quien le dio ese poderoso significado. ¿Se puede vivir en el mismo barrio que un torturador que cumple su condena en prisión domiciliaria? Para muchos, la respuesta es no. Y más para quienes como Ana, conocieron el genocidio de primera mano

POR Revista Cambio Fecha: Hace 10 months
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POR DIEGO JEMIO / MAR DEL PLATA, ARGENTINA

El padre de Ana Pecoraro es un desaparecido. Era docente de Ciencias Políticas, Técnicas de Investigación Social e Introducción a las Ciencias Políticas en la Universidad de Mar del Plata. Fue secuestrado en Buenos Aires en 1979 cuando tenía 39 años. En la Argentina, la palabra desaparecido es sinónimo de tortura y muerte durante la última dictadura militar (1976-1983). La historia le dio un significado mucho más poderoso –y simbólico– que el de la Real Academia Española. Su madre, Alicia Ruszkowski, fue secuestrada y estuvo en la ESMA, un centro clandestino de detención durante aquellos años. Y finalmente consiguió sobrevivir.

En 2003, el Poder Ejecutivo a cargo del entonces presidente Néstor Kirchner promulgó la Ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que hasta ese momento impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. A partir de ese momento, Ana vio cómo se reabrían cientos de juicios contra genocidas.

Uno de ellos fue el de Miguel Etchecolatz (88), jefe de la Policía Bonaerense durante esos años y que estaba al frente de 21 centros clandestinos de detención. Su papel fue clave en el aparato represivo, y el general de brigada Ramón Camps lo consideraba su mano derecha. Etchecolatz, que nunca se arrepintió de sus actos, paga seis condenas por delito de lesa humanidad, cuatro de ellas con penas a prisión perpetua.

En los últimos años, en varios casos a partir de la presidencia de Mauricio Macri, muchos de los genocidas comenzaron a gozar de la prisión domiciliaria. El último informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad –publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad– arroja que de los 1 038 imputados detenidos en 2017, 549 se encuentran con arresto domiciliario, mientras 435 cumplen la pena en el Servicio Penitenciario. Con la llegada del presidente, el número de prisiones domiciliarias aumentó por sobre las detenciones en las cárceles.

El mes pasado, el Tribunal Oral Federal de Argentina le otorgó ese beneficio a Etchecolatz, que decidió mudarse al Bosque Peralta Ramos en Mar del Plata, el mismo barrio en el que vive Ana Pecoraro. La presencia del genocida en la ciudad balnearia, ubicada a 400 kilómetros de Buenos Aires, despertó indignación de los grupos de derechos humanos y de buena parte de una sociedad argentina.

Ana cuenta cómo es vivir a pocas cuadras de uno de los genocidas de la dictadura que mató a su padre. “Es muy perturbador tener a alguien así a sólo cinco cuadras de mi casa. La reacción del barrio y de toda la ciudad fue inmediata y explosiva. Él representa muchas cosas nefastas que el país no quiere volver a vivir. Aunque trato de mantener la calma, yo no estoy tranquila y no duermo bien. Tengo una contractura todo el tiempo. Siento que hay una presencia maligna en el barrio”, dijo la mujer, que actualmente es coordinadora de El Faro de la Memoria, un espacio para la promoción de los derechos humanos, que funciona en un ex centro clandestino de detención.

En los últimos años, recuerda Ana, Argentina fue un ejemplo mundial sobre el juzgamiento y condenas de delitos de lesa humanidad. La prisión domiciliaria no sólo es una ofensa a la memoria de las víctimas, también implica un entorpecimiento de las investigaciones. Los organismos de derechos humanos consideran que el derecho a la salud del represor debe ser garantizado en el interior de las prisiones.

“Más de la mitad de los genocidas condenados tienen prisión domiciliaria. Hay que tener en cuenta otra cosa: los que van a las cárceles tienen celdas VIP. Nos someten a un daño físico, psíquico y hasta ambiental. El Bosque Peralta Ramos se transformó en un lugar vallado, con un megaoperativo que yo nunca vi en mi vida”.

Desde el día que Etchecolatz llegó al barrio, los vecinos comenzaron a manifestarse. En los caminos que llegan a su nuevo domicilio, instalaron carteles con la estética de la señalética que se usa en la ciudad, con mensajes como: “Genocida a 500 metros”. El 29 de enero, a un mes de su llegada, tienen previsto realizar un “escrache” (repudio) a la presencia del represor.

Etchecolatz es uno de los 549 genocidas que gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Julio Gambina, analista político y economista, mira el tema con una perspectiva más amplia y habla de una “ofensiva de clase” de la derecha para revertir los juicios y el encarcelamiento a genocidas. Y señala como clave el intento de aplicar la ley del 2×1 a genocidas en mayo –la Corte Suprema de Justicia lo aplicó en un caso–, que despertó un repudio social inmenso, con manifestaciones multitudinarias en todo el país.

“El intento de 2×1 fue lo más destacado porque hubo una respuesta contundente de la sociedad. A diferencia de otros países de la región, el tema derechos humanos es muy fuerte en la Argentina. El ‘macrismo’, como expresión de la derecha y de las clases dominantes, quiere intentar cerrar este capítulo. Los sectores del poder que Macri representa buscan la reconciliación y terminar con los juicios. Pero la sociedad –o al menos buena parte– no quiere olvido ni perdón a lo que sucedió. Es una historia muy dolorosa de represión, secuestros, tortura, desaparición y muerte”.

Los argumentos de la derecha para dar la prisión domiciliaria, señala Gambina, apuntan a cuestiones humanitarias. “Los presentan como viejitos que no le hacen mal a nadie. Pero no hay una legislación favorable para darle una domiciliaria cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Avanzarán todo lo que puedan intentando modificar la cultura del Nunca Más. En Argentina hay una fortaleza cultural en materia de derechos humanos. Ese clima favorable a los derechos humanos es un grano que tiene este gobierno; al mismo tiempo, hubo recortes presupuestarios a áreas que trabajan en el tema y aumentaron la partida presupuestaria en seguridad y defensa”.

Según denunciaron organismos de derechos humanos y algunos medios alternativos, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) mandó a juzgados del país una lista de 110 genocidas que podrían aspirar a la prisión domiciliaria, con una tobillera electrónica. Al poco tiempo, el ministro de Justicia, Germán Garavano, desmintió que el tema estuviera en agenda. De todas formas, manifestó que las detenciones domiciliarias son un “recurso válido”.

“Este gobierno tiene una política de apertura económica y el presidente habla de la ‘pacificación’. Él entiende eso como el perdón a los delitos de lesa humanidad”, analiza Gambina. Una buena parte de la sociedad está alerta ante esos cambios y ya salió a la calle de forma masiva. Un pueblo que piensa que Etchecolatz es el límite y que su prisión domiciliaria es un retroceso para el proceso de memoria, verdad y justicia.

Como muestra, basta la historia de Ana Pecoraro, hija de un desaparecido, que quiere cárcel común, perpetua y efectiva; y que no duerme porque el genocida está en su barrio gozando la brisa marina de Mar del Plata.

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