POR ÓSCAR BALDERAS
Si se tuviera que contar por capítulos la lucha de la comunidad LGBTTTIQ+ en México por formar una familia, esta podría comenzar el 20 de diciembre de 2009. Antes de aquella tarde era ilegal que cualquier pareja conformada por personas del mismo sexo adoptara una niña o niño en algún rincón del país. Hacerlo, fuera de la ley, podía penalizarse hasta por 50 años, pues sería un secuestro. Pero aquello estaba a horas de dar un cambio radical.
El diputado David Razú, hoy investigador en la Universidad de Harvard, pasó ese día afinando las últimas negociaciones en la Asamblea Legislativa del (aún) Distrito Federal para que, al día siguiente, su propuesta de reforma al Código Civil fuera aprobada por la mayoría de los asambleístas. Había sido un trabajo largo y cuesta arriba lograr que fuerzas conservadoras de derecha y de izquierda dijeran que sí al matrimonio igualitario, que por aquellos días dividía casi a la mitad a los chilangos.
Lo que no sabían esos diputados convencidos a regañadientes era que, de último momento y con la aprobación de algunos legisladores del PRD y del jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, David Razú hizo disimulados cambios a la propuesta que dio a sus compañeros legisladores, seguro de que muchos no releerían el documento y lo aprobarían casi a ciegas. Y tuvo razón.
Cerca de las tres de la tarde, para sorpresa de propios y extraños, la propuesta de matrimonio igualitario de Razú fue aprobada por 39 votos a favor, 20 en contra y con un anexo que nadie creyó posible: además de bodas, la reforma recién aprobada permitía a las y los integrantes de la comunidad lésbico-gay-trans adoptar menores de edad, incluso fuera del matrimonio.
El cambio de último momento, y la aprobación sin lectura de los férreos opositores a la comunidad LGBTTTIQ+, desató euforia y enojo. Semanas después, las fuerzas conservadoras presionaron a fin de que la Procuraduría General de la República, en un hecho insólito, promoviera el 28 de enero de 2010 una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra ambas reformas. Sin embargo, el recurso fue desechado medio año después, y el 16 de agosto de ese año, dicha corte votó por mayoría a favor de la reforma.
La primera adopción se concretaría un año después, el 28 de agosto de 2011, cuando el DIF de la Ciudad de México avaló la adopción de un niño por una pareja de mujeres. Desde entonces, el avance de una veintena de “adopciones gay” en la capital ha tenido efectos en el resto de país, donde otras parejas homoparentales han peleado el mismo derecho; lo han hecho en Morelos, Tabasco, Jalisco y, entre otros estados, en Campeche, donde en 2015 la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra una legislación que pretendía prohibir la adopción de menores de edad para parejas del mismo sexo.
La discusión a nivel nacional ya fue zanjada, de nuevo, por la SCJN: el 23 de septiembre de 2016, la Corte sentó jurisprudencia al establecer, por mayoría de votos, que el “interés superior del niño” se basa en tener padres o madres idóneos para criarlos, y que es irrelevante la orientación sexual, e incluso el estado civil, de estos. Con la finalidad de dictaminar, la Corte se guió con estudios científicos de expertos de la UNAM y más universidades de prestigio en sociología, bioética y trabajo social.
La historia parecería detenerse aquí. Con lo dictaminado por los ministros del edificio de Pino Suárez 2, en el Centro Histórico, a simple vista luciría que la comunidad LGBTTTIQ+ en México conquistó la joya de la corona en cuanto a derechos para parejas.
No obstante, aún quedan batallas al frente y, para ello, esa minoría necesitará una mayoría progresista en el Poder Legislativo que les ayude a ganar las próximas peleas.
Entre ellas está generar campañas en instituciones públicas que promuevan la adopción de niños en casas hogar o en inmuebles de procuración de justicia por parte de parejas homoparentales; facilitar a parejas del mismo sexo el acceso a procesos de adopción internacionales –especialmente en zonas de conflicto, donde hay miles de niños que esperan una familia– y flexibilizar las reglas y los larguísimos procesos de adopción, que desincentivan por igual a parejas homosexuales y heterosexuales.
Ante esas nuevas batallas, ¿qué puede esperar la comunidad LGBTTTIQ+ en México del próximo Congreso?, ¿cómo luce, a menos de un mes, el posible llenado de curules en la Cámara de Diputados y Senadores?
Al cierre de la edición de este número, el sitio Oraculus, que concentra y promedia los resultados de la mayoría de las encuestas serias del país, pronostica que en la Cámara Baja y la Cámara Alta la mayoría de los diputados serán de Morena (39-46 %).
Si se toma en cuenta la lista de candidatos plurinominales de este partido, la bancada de diputados morenistas tendría, garantizados, a la coordinadora Tatiana Clouthier, los exlegisladores Gabriela Cuevas y Porfirio Muñoz Ledo, así como a la activista Reyna Celeste –esta última abiertamente lesbiana–, entre otros. Ellas y ellos han dicho sí a derechos plenos de la comunidad LGBTTTIQ+. En el Senado van políticos “gay friendly” como Olga Sánchez y Ricardo Monreal, pero son un misterio otros “seguros”, como el sindicalista Napoleón Gómez Urrutia o la activista Nestora Salgado.
Sin embargo, la alianza de Morena arrastra consigo al ultraconservador Partido Encuentro Social, que podría pasar de 11 diputados hasta casi 60. Sus simpatizantes se han caracterizado por tener una posición contraria a la comunidad lésbico-gay-trans, como la de su presidente, Eric Hugo Flores, quien llamó “moda” al matrimonio entre personas del mismo sexo. La inclusión en San Lázaro de perfiles como el del actor cristiano Ernesto D’Alessio o el policía Julián Leyzaola, y en el Senado a la expanista Judith Díaz, parecen asegurar terreno rocoso para las minorías sexuales.
La posición de segunda fuerza política luce para Acción Nacional (26-32 %). Entre sus candidatos plurinominales a la Cámara Baja están conservadores de cepa como el exgobernador Ernesto Ruffo, el exsenador José Isabel Trejo, el morelense Marco Antonio Adame (vinculado al Yunque) o la ultraderechista Cecilia Patrón. En el Senado, los plurinominales azules tienen una pinta similar: van, casi garantizados, la expresidenciable Josefina Vázquez Mota, el exgobernador Rafael Moreno Valle o el exembajador en El Vaticano, Luis Felipe Bravo Mena. La excepción de la norma es el exjefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, quien ha dicho en público que apoya las adopciones homoparentales.
En tercer lugar, pronostican las encuestas, estaría el PRI (22-28 %), que en sus estatutos se define como un instituto político “socialdemócrata”, es decir, de centro-izquierda. No obstante, sus diputaciones de mayoría proporcional son un gran signo de interrogación para la bandera de arcoíris: el expresidente nacional del PRI, Enrique Ochoa; el actual presidente, René Juárez; la exsenadora Ivonne Álvarez; el sinaloense Alfredo Villegas han dado, por años, respuestas ambiguas en el tema. En el Senado, los priistas parece que llevarán a personalidades más progresistas, que han hecho guiños a la comunidad LGBTTTIQ+ como la exsecretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu; el exsecretario Miguel Ángel Osorio Chong y la exdirigente Beatriz Paredes.
En el PRD, posible cuarto lugar (10-14 %), la comunidad lésbico-gay-trans podría hallar más aliados que villanos: en San Lázaro, hay curules apartadas para el secretario de jóvenes perredistas, Sergio Leyva; el exdelegado Leonel Luna; el antes número dos en el gobierno de la Ciudad de México y promotor de bodas gay en los reclusorios, Héctor Serrano. En el Senado, algo similar: va la exdelegada Xóchitl Gálvez, el expresidente nacional del perredismo Jesús Zambrano, y la activista gay Adriana Ortiz Ortega.
Del resto de los partidos pequeños es difícil saber quiénes de sus “pluris” lograrán un asiento en ambos Congresos: el PT tiene en primer lugar en San Lázaro a un dirigente de campesinos indígenas sin posturas públicas sobre el tema, y para el Senado está la exdiputada Geovanna Bañuelos, que se ha pronunciado a favor del matrimonio igualitario y adopción homoparental.
En Movimiento Ciudadano, para la Cámara Baja va en primer lugar el exombudsman de Morelos, José Francisco Coronato, y en el Senado estaría la expresidenciable Patricia Mercado, cuyas ideas “gay friendly” son ampliamente conocidas desde 2006.
Sobre los candidatos plurinominales del Partido Verde y de Nueva Alianza al Poder Legislativo, también son una incógnita: desde la encargada de la estrategia digital de Enrique Peña Nieto, Alejandra Lagunes, hasta una vieja aliada de Elba Esther Gordillo, Silvia Luna, su voto para ampliar derechos plenos podría ir de un lado a otro sin poder pronosticarlo con seguridad.
A menos de un mes de las elecciones federales de 2018, y en medio de especulaciones por las encuestas, dos cosas parecen seguras para las familias homoparentales de México: por un lado, este podría ser el año en que se conforme el Poder Legislativo más progresista en la historia del país, pese a políticos de viejo cuño que insisten en negar derechos plenos.
Y también esto: debido a que todas las fuerza políticas de izquierda se aliaron de algún modo con las derechas, las batallas de la comunidad LGBTTTIQ+ en México no parecen estar ganadas por default.
Al arcoíris aún le quedan muchas curules oscuras qué pintar de colores antes de declarar ganada una lucha a la que todavía le faltan capítulos.
