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Nación

David contra Goliat

Bajo un juicio de acción colectiva, más de 500 afectados de Xochimilco demandaron al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría del Medio Ambiente por permitir la contaminación de sus tierras y agua, y ganaron; pero hasta ahora, nadie ha sido capaz de reparar el daño ambiental

POR Revista Cambio Fecha: Hace 9 months
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POR ÓSCAR BALDERAS

El 31 de enero de 2018 fue una de esas fechas históricas para la Ciudad de México, aunque la mayoría de los habitantes no lo sepa aún. Un día con una carga explosiva capaz de dinamitar al gobierno local y, de paso, empedrar el camino hacia la reparación de un error que ha causado un daño histórico al agua y al suelo del sur de la capital mexicana.

Aquel miércoles, por primera vez en la historia de la Asamblea Legislativa se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a un juez a vigilar y dar cumplimiento a una sentencia contra la Jefatura de Gobierno y la Secretaría del Medio Ambiente. El mandato era sencillo: o las autoridades protegen de manera inmediata la zona de conservación ecológica Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, y reparan el daño ambiental causado por el propio gobierno, o quien lidere la capital podría ser destituido por desobedecer.

La trama es tan vieja como la historia del drenaje en la Ciudad de México. Desde que se creó la red de desagüe, las descargas de aguas negras de Iztapalapa terminan en los cuerpos acuáticos de Xochimilco. Así ha sucedido por años, pasando incluso por encima de la ley. En este sentido, cabe mencionar la Declaratoria Xochimilco, que en 1992 nombró esas dos zonas como áreas naturales protegidas y prohibía establecer ahí un depósito de suciedades.

Conforme el tiempo pasó, la acumulación de contaminantes se hizo más evidente ante los ojos de pobladores y visitantes: el suelo comenzó a enfermarse, la vegetación empezó a morir por falta de nutrientes, la aves migratorias modificaron sus rutas para evitar el contaminado Xochimilco y la suciedad aceleró la muerte de miles de ajolotes, una especie endémica del Valle de México que hoy está en peligro de extinción.

El impacto ambiental no sólo comenzó a degradar el sur de la ciudad, también amenazó con hacer metástasis: como todos los cuerpos de agua de la Ciudad de México están conectados en el subsuelo, incluso el aparentemente lejano Río Magdalena, uno de los 14 ríos con los que aún cuenta la capital, corría riesgo de contaminarse, si la situación no se revertía.

“Lo interesante de este polígono en Xochimilco es que está rodeado por un mangle”, comenta Víctor Hirales, un abogado clave en la trama histórica de este juicio ambiental. El mangle es un cuerpo de población vegetal importantísimo, porque en él se origina el ciclo del carbón, lo que nos permite respirar oxígeno nuevo. “Todo lo que sea vinculado con el mangle se debe dar primera prioridad”.

Víctor Hirales y un equipo de juristas decidieron encargarse de la defensa de pobladores de Xochimilco por su derecho al medio ambiente sano y a la conservación de las áreas naturales de nuestro país. Junto con organizaciones protectoras del agua, planearon en 2012 una estrategia sin precedentes: mediante un juicio de acción colectiva, unos 500 afectados demandarían en conjunto al gobierno de la ciudad por permitir la contaminación de sus tierras y del agua. Un auténtico David contra Goliat.

El juicio duró cuatro largos años hasta que el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Civil del Primer Circuito dictó una sentencia sorprendente, pero largamente esperada, que hoy ha sentado las bases para próximos juicios: “lo procedente es condenar (a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal) a la reparación de daño causado en el área natural protegida ‘Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco’”.

En la resolución del expediente 129/2012, el juez ordenaba que en un máximo de 90 días las autoridades de dicha secretaría y del gobierno de la Ciudad de México presentaran un proyecto con el objetivo de reparar el daño. Sin embargo, las autoridades se han negado a presentarlo. Y las aguas negras siguen corriendo, a contracorriente de la orden de un juez.

“Lo que hizo la Asamblea Legislativa, al aprobar el punto de acuerdo para obligar, otra vez, al cumplimiento de una sentencia es un evento clave en la historia del derecho mexicano, porque es el primer juicio de acción colectiva que se gana en el país”, recalca Víctor Hirales.

“No atender las órdenes del juez implica que nosotros, como demandantes, tenemos la posibilidad de llevar a cabo un juicio aparte del que ya se ganó. Se llama ‘incidente por inejecución de sentencia’ y es cuando una autoridad o un funcionario público no cumple con las ejecutorias del Poder Judicial. En este caso, se tendría que separar del cargo e inhabilitar tanto al jefe de gobierno como a la titular de Medio Ambiente, ya sea de esta administración o de la siguiente, depende quién no haga su trabajo”.

Pero en la opinión de Víctor Hirales, evitar llegar a ese extremo es muy sencillo. De acuerdo con sus estudios y los de otros colegas expertos en temas de agua, reparar el daño en Xochimilco es relativamente simple, porque la contaminación que hallaron es, en realidad, una sobrenutrición de organismos dañinos. Basta con dejar de alimentar a esa flora y fauna y hacer una reforestación específica del tipo de vida silvestre que originalmente ahí se encontraba; así comenzaría el saneamiento del agua.

La solución también es barata, si se compara el costo de ese programa de saneamiento con el presupuesto anual con el que cuenta el gobierno capitalino: 60 millones de pesos serían suficientes. Para ponerlo en perspectiva: es la mitad de lo que cuesta a los contribuyentes medio año del trabajo de un diputado local.

“Con ese dinero podríamos reparar todo el daño que se hizo en Xochimilco e, incluso, recuperar el río Magdalena Contreras. Es increíble que no quieran invertir en esto, viendo lo que los legisladores gastan en comidas, viajes, muchos gastos superfluos que no benefician a quienes pagamos los impuestos y que deberían de ser redirigidos a temas tan prioritarios como es el agua, que es vital para cada habitante de la Ciudad de México”.

El juicio también obliga al gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, a hacer un movimiento sin precedentes: está obligado a modificar las normas ambientales, específicamente en materia de tratamiento del agua residual y de la descarga de agua, lo que significa un trabajo de administración pública gigantesco, aunque necesario para la salud del subsuelo capitalino.

“Suena pretencioso, pero considero que no hay otra forma de describir lo que significa este triunfo para los habitantes de la ciudad: por primera vez, hacemos responsable a un gobierno de la contaminación de nuestros recursos naturales y lo obligamos a enmendar el daño. No es poca cosa. Esto pavimenta el camino para que los ciudadanos exijan gobernantes responsables con el ambiente”, señaló Víctor Hirales.

La pelea aún tiene rounds por delante: el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, está por dejar el cargo para irse en busca de una senaduría y todavía no hay nada definido sobre quién será su interino o próxima jefa de gobierno. Sea quien sea, deberá enfrentar este tema eligiendo sólo uno de estos dos caminos: encargarse de lo que el gobierno contaminó en Xochimilco o irse por la puerta trasera de la historia.

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