La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó cinco asignaciones a Petróleos Mexicanos hasta por 25 años, para realizar exploración en yacimientos no convencionales en diversos puntos de Puebla y Veracruz mediante la fractura hidráulica, mejor conocida como fracking, una práctica prohibida en otros países.
Apenas en septiembre pasado, el Senado Mexicano ratificó el Acuerdo de París, en el cual se compromete a reducir 25 por ciento sus emisiones hacia el año 2030.
De continuar con los permisos para el fracking, esta meta no se cumplirá, debido a los impactos que las emisiones de metano tienen sobre el clima a partir de esta práctica.
Durante la 55 Sesión Extraordinaria de la Comisión, el funcionario Héctor Acosta Félix especificó que la aprobación es para un plan de exploración y “posteriormente tendrá autorizaciones específicas para la ejecución de perforaciones de pozos”.
Es por ello que la Alianza Mexicana contra el Fracking señala a Juan Carlos Zepeda, titular de la CNH, como el responsable de aprobar “una práctica que genera severos impactos al medioambiente y en las comunidades, además de violentar y poner en riesgo diferentes derechos humanos establecidos en la constitución, entre ellos el derecho al agua y a un medio ambiente sano, así como el derecho de consulta y de información”.
De acuerdo con el Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking, las consecuencias de esta práctica van desde temblores hasta impactos adversos en el agua, aire, agricultura, salud y más, además de que algunas de sus consecuencias son difíciles o imposibles de mitigar.
Finalmente, la Alianza hizo un llamado a la Secretaría de Energía a fin de que revoque los permisos cedidos a Petróleos Mexicanos para estos trabajos –usa el principio precautorio como base– además de solicitar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos que actúe con responsabilidad y no otorgue nuevos permisos.
Staff CAMBIO
Restituir la confianza
La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente, reconoce que hay resistencias de los sujetos obligados (partidos políticos, sindicatos, universidades) para rendir cuentas a los órganos de transparencia, esto a pesar de que los últimos estudios sobre la percepción de la corrupción reflejan que casi todos los mexicanos consideran que la impunidad es un mal que se presenta a diario.
Una encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados revela que en 2015 la corrupción fue el problema que más preocupó a los mexicanos. Asímismo, se estimó que en ese año ocurrieron 30 mil 97 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.
No solo eso, la encuesta también destaca que ocho de cada 10 mexicanos identifican a la impunidad como un elemento presente en su vida cotidiana.
Por ello, la comisionada asegura que “la transparencia constituye el mejor camino hacia la restitución de la confianza ciudadana. Apostar por el fortalecimiento de las instituciones es apostar por la consolidación del Estado democrático”.
Durante el seminario Construcción de Ciudadanía y Transparencia: Retos Inaplazables de los Partidos Políticos, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Angélica Cuellar Vázquez, hizo un llamado a los partidos políticos para que hagan un ejercicio efectivo de información relevante “que permita reconstruir la confianza en la ciudadanía y sobre todo que restablezcan sus lazos con la sociedad”.
Staff CAMBIO
