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Nación

Ni justicia ni reparación

Las víctimas de violaciones a derechos humanos en México, en su mayoría, siguen esperando sentadas la reparación integral del daño. No sólo hay un subejercicio presupuestal por ausencia de indemnizaciones, también ha faltado una disculpa pública y no hay responsables presos, en ninguna de las ocho sentencias de la Corte IDH en contra del Estado mexicano

POR Gabriela Gutiérrez M. Fecha: Hace 4 months
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En los 90, Enrique Aranda era un profesor de Psicología en la Universidad Iberoamericana; era popular entre sus alumnos, entre otras cosas, por ser también el fundador del Colegio de Psicólogos de México. Su hermano Adrián era contador. Ambos tenían planes para el futuro, sin embargo, su porvenir cambió la noche del 24 de junio de 1997.

Salieron a comprar unos tragos con el propósito de seguir la fiesta, cuando unos policías judiciales del DF los detuvieron en la delegación Coyoacán. Buscaban a unos asaltantes de un bolso, y su perfil encajaba en la descripción… al menos eso les dijeron. Los “pasearon” antes de llevarlos al ministerio público, los encerraron en una bodega y los golpearon hasta que “confesaron”, no el robo de un bolso, sino haber secuestrado a una familiar de Margarita Zavala, y a otro más relacionado con otro político.

“En esos momentos les dices lo que quieren oír, porque juras que como eres inocente, se descubrirá la verdad. De haber sabido que esa confesión bajo tortura nos costaría a mí y a mi hermano 20 años de prisión, creo que hubiera aguantado hasta el final”, dice Enrique.

El caso de los hermanos Aranda Ochoa quedó consignado en la recomendación 12/2002 de la Comisión de Derechos Humanos del DF, tras la presión de defensores de derechos humanos y algunas organizaciones, como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, PEN International y Amnistía Internacional.

Pese a todo, los hermanos purgaron 20 años de una sentencia de 50, hasta que en 2017 finalmente quedaron libres, y entonces emprendieron otro escabroso camino: el de obtener la reparación del daño de su tortura y su encierro.

La reparación integral del daño consiste en que las autoridades tienen la obligación, gracias a la Ley General de Víctimas (LGV), de resarcir cualquier efecto negativo que hayan sufrido las víctimas del delito y de las violaciones de derechos humanos, ya sean directas (quienes padecieron directamente el delito) o indirectas (la familia que también sufrió las consecuencias del hecho sufrido por la víctima directa, como pueden ser los hijos).

La LGV la describe así: “La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”.

En la realidad, el proceso para la reparación integral del daño es “tortuoso” y muchas veces no es completamente satisfactorio. La disculpa pública, la publicación de los casos (como medida de satisfacción) y las garantías de no repetición son tres de los aspectos que han sido más omitidos por las autoridades, explica José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

¿Por qué importa?

Cuando “la guerra contra el narco” estalló en la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), las presuntas violaciones a los derechos humanos comenzaron su ascenso, principalmente la tortura y la desaparición forzada.

En 2011, para remediar el desastre contra los derechos humanos, creó la Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), aunque sin presupuesto, la cual después cambió de nombre a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), encargada de garantizar la reparación integral del daño de las víctimas de violación de derechos humanos, ya sea a manos de criminales o de las autoridades.

Así, en 2014 la CEAV fue la instancia responsable de garantizar la reparación integral del daño. Desde entonces y hasta el 10 de julio de 2017 había recibido 1424 solicitudes de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. De estas, sólo 91 casos alcanzaron la compensación económica, compensación de 523 víctimas (69 directas y 454 indirectas).

Todo por un monto total de 236.6 millones de pesos, pese a que la CEAV recibió cada año, entre 2014 y 2016, un promedio de 500 millones de pesos para el presupuesto del Fondo, es decir, en esos tres años recibió 1 500 millones de pesos para la reparación del daño de víctimas y sólo ejerció 16 por ciento.

Debido al acumulado del Fondo, en 2017 la CEAV ya no recibió un solo peso, pues así lo prevé la LGV en su artículo 132.

“Es inconcebible que la institución encargada de indemnizar a víctimas, muestre subejercicios mientras que las víctimas están solas, rascándose con sus propias uñas”, dice Guevara Bermúdez.

Más allá del dinero

Enrique y Adrián Aranda Ochoa buscaron la reparación del daño. El resultado fue una compensación económica –por seguridad prefieren no informar al respecto–, tras casi un año de buscarla. Pero de disculpas, nada.

“Nadie se disculpó, tampoco se hizo público el caso y mucho menos nos ofrecieron garantías de no repetición. O sea, nos dieron el dinero para que nos quedáramos tranquilos, pero no me puedo quedar tranquilo si el Estado no me garantiza que a mí o cualquier otro ciudadano no le volverá a pasar algo así”.

Guevara Bermúdez explica que las instituciones del Estado, de acuerdo con el artículo 1º constitucional, tienen el deber de proteger y reparar a las víctimas. “En este país hay autoridades que no son señaladas como responsables, aunque las víctimas se indemnicen, como son los casos de la PGR o el Ejército. No ha habido una disculpa pública, como una medida de satisfacción”, señala.

Para muestra basta un botón: de las ocho sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra del Estado mexicano, en ninguno de esos casos ha habido una disculpa pública, y tampoco hay responsables en la cárcel, asegura Guevara.

Así, lo que debería ser un proceso empático con las víctimas, resulta burocrático y revictimizante, además de que se queda corto al momento de intentar reparar el daño cometido.

Con el propósito de buscar la reparación integral del daño, el proceso suele ser el siguiente: la víctima presenta su queja ante alguna comisión estatal de derechos humanos o ante la CNDH; se le realizan estudios físicos (en caso de aludir alguna agresión) y psicológicos; con la queja interpuesta y aun sin una recomendación por parte de la misma, puede acudir a la CEAV.

Antes de 2016, las víctimas debían esperar a que la comisión de derechos humanos a la que acudieron emitiera una resolución o recomendación para entonces ir a la CEAV. Ese proceso podía ser largo y profundizaba el daño en las víctimas al no poder acceder a la reparación. Por ello, a partir de 2016, la CEAV acepta casos con la finalidad de analizarlos, aun sin una resolución por parte de las comisiones estatales o de la nacional.

A Enrique todavía le cuesta trabajo hablar de la tortura que sufrió. Su voz aún se quiebra al recordar los golpes, los electroshocks en los testículos. Pero intenta dejarlo atrás y reconoce que la compensación económica les ha ayudado, a él y a su hermano, a ponerse de pie.

Enrique quiere abrir un centro holístico en Tepoztlán, Morelos, donde pondrá en práctica las clases de meditación y yoga que aprendió con maestría estando en la cárcel. Adrián, por el momento, está enfocado en el activismo político. Cada uno, desde su trinchera, busca superar lo que pasó aquella noche de 24 de junio de 1997, y los 20 años terribles que le prosiguieron.

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