POR ÓSCAR BALDERAS
Letty volvió a soñar con Roy. Eso siempre trae una mezcla de felicidad y pesadumbre. Soñarlo le puede mejorar el ánimo, porque desde hace siete años los únicos lugares donde lo encuentra son en fotografías y en su cabeza; y también puede hacerle añicos el buen humor, porque le recuerda que ya van más de 2 500 días sin tocarlo. A veces, son sueños angustiantes; otros están llenos de esperanza, por ejemplo, este 29 de noviembre, Letty cerró los ojos y ensoñó a su primogénito acostado en posición fetal, como cuando el niño vivía en su vientre.
La incansable buscadora en los recovecos de la violencia en México reconoce la delgada figura de su hijo y la recorre hasta tocar sus pies tibios. Los toma entre sus manos, los besa con tanta devoción que la piel de Roy sube de temperatura, y su flaco de 18 años, su adoración, resucita para abrazarla de nuevo.
—Letty, si el criminal que secuestró y desapareció a tu hijo diera los datos exactos de su paradero, ¿estarías dispuesta a que el gobierno negociara algunos beneficios para él?
Desde el 11 de enero de 2011, Letty sobrevive con medio corazón. Aquel día, unos hombres armados irrumpieron en su casa en Nuevo León y se llevaron a su hijo, a quien busca sin cesar por todos lados: en cárceles, cerros, presas, fosas clandestinas, descampados y parajes solitarios. A veces, el medio corazón palpita con más fuerza, como un buscador de tesoros, cuando siente que está cerca de Roy, pero encontrarlo es como hallar un grano de arena especial en una playa. A veces, Letty cae en cuenta que su esperanza tiene una paradoja: a fin de hallar a Roy, hay que buscarlo por donde empezó todo, con los criminales que se lo llevaron.
—En lo particular, a mí sí me interesa otorgar beneficios a cambio de la colaboración verídica y efectiva para encontrar a Roy y a todas las desaparecidas y desaparecidos.
La misma respuesta a esa pregunta obtendré de Argentina Soto, mamá de Josué, desaparecido en Coahuila; de Fernanda Pazos, hija de Dilcia, desaparecida en Sinaloa; de Ramón Meléndez, papá de Bruno, desaparecido en Guerrero; de Ernesto Aguilar, sobrino de Claudio, desaparecido en Tamaulipas: nosotros sí. Si nos preguntan, nosotros sí queremos amnistía a criminales, porque es la única manera de resolver nuestros casos sin esperar una eternidad, que quién sabe si llegará.
Que el gobierno les ofrezca algo a ellos, para que nosotros, los familiares de las víctimas, podamos estar, por fin, en paz.
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El 2 de diciembre de 2017, el candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, propuso una nueva estrategia contra la violencia en el país: la amnistía a los criminales, una alternativa no explorada en una década de “guerra contra el narco”.
López Obrador adelantó que, en caso de ganar las elecciones, las víctimas y familiares de víctimas en México tendrían la posibilidad de aprobar un plan de amnistía con criminales con el objetivo de pacificar al país. La propuesta fue tan escueta que muy pronto generó todo tipo de interpretaciones, especialmente en las más influyentes esferas del gobierno. En horas, el secretario de la Defensa Nacional criticó un eventual “pacto con el crimen”, y el oficialista Partido Revolucionario Institucional acusó que el aspirante presidencial quería congraciarse con criminales ofreciendo liberaciones masivas.
Froylán Encisco, historiador especializado en política de drogas y autor del libro Nuestra historia narcótica festejó que, por primera vez, un político de alto nivel no hablara de la militarización del país como la única estrategia de seguridad.
“Ha habido amnistías en otros conflictos convencionales, como guerras, o en transiciones de dictaduras a democracias. Sin embargo, se usan ese tipo de recursos en otras circunstancias; por ejemplo: en México, durante la discusión de la legalización de la mariguana, hubo partidos políticos que plantearon una amnistía para presos que están saturando cárceles por sólo tener pequeñas dosis de mariguana”.
En cualquier caso, asegura Froylán Encisco, la amnistía no es sinónimo de perdón jurídico ni de impunidad. Se trata, en muchos casos, de llevar los delitos a tribunales especializados, donde los criminales puedan obtener beneficios a cambio de dar información que ayude a dar paz a las comunidades.
Se trata de una estrategia que se ha empleado con éxito para las víctimas durante el genocidio guatemalteco, la dictadura chilena, el franquismo y el totalitarismo en Argentina. Y es una táctica a la que actualmente recurre el gobierno de Estados Unidos en sus juicios contra capos de la droga, como en el proceso judicial contra Joaquín El Chapo Guzmán.
Además, la amnistía no es algo nuevo en las leyes mexicanas. Como ejemplo está el artículo 33 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que ya establece la disminución de hasta 25 % de los años de cárcel a la persona que proporcione información efectiva que lleve al paradero de los restos humanos de una persona desaparecida. Incluso es legal la reducción a la mitad de la sentencia contra delincuentes, si los autores de un secuestro liberan a la víctima espontáneamente antes de que se cumplan 10 días de cautiverio.
—Brenda, ¿aceptarías que ese criminal que destrozó a tu familia obtuviera ciertos beneficios, a cambio de que te diga dónde está tu hermano?
Ella, la afanosa buscadora de Héctor Rangel Ortiz, no duda en contestar a la posibilidad de que la gran interrogante de qué pasó aquel noviembre de 2009 en Monclova, Coahuila, por fin pudiera resolverse.
—Por supuesto que sí, siempre y cuando sea información veraz…
—¿Y tú, Jorge, aceptarías una amnistía a favor del tipo que desapareció a tu hermano y a tu tío?
Y él, Jorge Verástegui, representante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, quien el 24 de enero cumplió nueve años con el corazón quebrado, tampoco balbucea cuando dice que sí.
—Sin dudar podría decir que estoy dispuesto a negociar con esas personas beneficios a cambio de información que me lleve a localizar a mis familiares. Eso sería ponerle fin al estado de incertidumbre en el que estamos viviendo y que sólo entenderán las personas que están en nuestra situación. Jamás lo harán los “expertos” que desde su escritorio pueden opinar.
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Letty volvió a publicar en Facebook. Esta vez, empieza el año con una noticia que siembra esperanza entre sus cientos de seguidores, casi todos miembros de familias rotas por las ausencias: el caso de la desaparición forzada de su hijo Roy irá al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El único lugar donde, cree, encontrará justicia, porque en México parece que no será.
—Dime, ¿te interesa debatir una amnistía para criminales? Tú, que has vivido descarnadamente lo que son capaces esas personas.
—Sí, porque pienso que poniendo en el centro a la víctima es la única forma en que podremos conseguir la paz que tanto anhelamos en este país…
Debajo de la noticia, Letty publica la imagen de un recorte de periódico con un párrafo que resume su lucha: “Dice (Letty) Hidalgo que desde hace siete años el sistema de justicia mexicano le ha fallado”. Y más arriba, Letty publica lo que no le ha fallado ni le fallará: las fotografías de ese chico flaco y sonriente que abarca la mitad de su corazón y que la impulsa todos los días a conseguir esa paz que millones buscan en el país.
La palabra amnistía deriva de la palabra griega amnestia, que es también la raíz de amnesia. La raíz griega connota el olvido, más que el perdón, de un crimen que ya ha sido objeto de una condena penal. En términos jurídicos, la ONU define que una amnistía es la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía.
En el documento Amnistías, publicado en 2009, la ONU establece que se han concedido amnistías también como consecuencia de un acuerdo de paz o de otro tipo de acuerdo negociado, como un acuerdo entre el gobierno y los grupos de oposición o las fuerzas rebeldes. Además, en ocasiones las amnistías son condicionales. Por ejemplo, una amnistía encaminada a inducir a las fuerzas rebeldes a desistir de su rebelión puede disponer que se pierdan los beneficios otorgados cuando un beneficiario tome nuevamente las armas.
Sin embargo, ante la visión del abogado Sergio Méndez Silva, proponer una amnistía en México contra delincuentes del crimen organizado es inviable, porque en nuestro país lo que está ocurriendo son violaciones graves de derechos humanos. En este sentido, de acuerdo con el derecho internacional y la política de las Naciones Unidas, las amnistías son impermisibles si:
a) impiden el enjuiciamiento de personas que pueden resultar penalmente responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos, incluidos los delitos que afecten concretamente a la mujer y la violencia de género;
b) interfieren con el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluida la reparación; o
c) limitan el derecho de las víctimas y las sociedades a conocer la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario. Además, las amnistías que procuren restaurar los derechos humanos deben estar formuladas con miras a velar por no limitar los derechos restaurados ni perpetuar en algún sentido las violaciones iniciales.
