Tratados internacionales, Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución de la Ciudad de México: en los tres niveles y en la letra, el marco normativo mexicano reconoce una gama amplia de derechos humanos universales fundamentales. Sin embargo, el Estado tiene también la obligación de garantizarlos desde una visión de Estado de derecho. Para ello, el sistema de justicia y los órganos autónomos deben ofrecer a la población mecanismos eficaces de defensa ante autoridades administrativas o judiciales, ya que la población en general desconoce las formas existentes con qué hacer valer sus derechos humanos.
Desde la más temprana edad, la educación en materia de derechos humanos resulta fundamental si se desea alcanzar el horizonte democrático y del bienestar social. La educación no solamente permite prevenir las violaciones a los derechos humanos, también concientiza a las poblaciones sobre la importancia de la corresponsabilidad, y las empodera con el fin de que reclamen su cumplimiento.
Los organismos públicos de defensa de los derechos humanos ofrecen asesoría y acompañamiento técnico en caso de una violación u omisión por parte del Estado, y tienen la facultad de recibir quejas y emitir recomendaciones a las dependencias responsables. Es así, por ejemplo, que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México logró la reparación del daño para varias familias en cuanto a la violación del derecho a la salud. Sin embargo, todavía hace falta un sistema de defensa estratégica gratuito y poderoso en la materia, lo que pretende subsanar la Constitución local en la capital del país gracias a la instalación del Instituto de la Defensoría Pública.
La Constitución de la Ciudad de México también mandata al gobierno local la creación de un sistema innovador en materia de implementación, evaluación y exigencia de los derechos humanos, que será impulsado desde la Secretaría de Gobierno con una visión transversal.
Las desigualdades frente al acceso a la justicia, así como a la educación, no permiten que se cumpla la exigencia de los derechos humanos, especialmente en derechos de últimas generaciones, como lo es el derecho a un medioambiente sano. Para ello, desde una visión de solidaridad y corresponsabilidad social, organizaciones de la sociedad civil se han especializado en materia jurídica con el propósito de defender a varios pueblos frente a violaciones directas por parte del Estado.
En este sentido, la organización Derecho sin Frontera, acompañando a la población local de Xochimilco, ganó hace unos meses un juicio de acción colectiva en materia ambiental en contra del gobierno de la Ciudad de México, con respecto a las contaminaciones, falta de respuesta y reparación del daño del gobierno local.
Recientemente, frente al desastre ambiental en la biosfera de los pantanos de Centla, Tabasco, la negligencia y omisión de los gobiernos para atender a las víctimas y reparar el daño, la misma organización y la oficina de litigio estratégico de la Universidad Autónoma Metropolitana emprendieron la defensa legal de los pobladores de estas regiones a través de otro mecanismo: la presentación de una solicitud de medidas cautelares ante instituciones internacionales por acciones y omisiones cometidas por el Estado mexicano.
Bajo la misma lógica, organizaciones como Mexicanos Unidos contra la Corrupción o Mexicanos Primero ayudaron a que algunas familias ganaran litigios estratégicos que también marcaron un precedente.
Aurélien Guilabert es fundador de Espacio Progresista, A. C., asesor en estrategias de políticas públicas, incidencia social y cooperación internacional.
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