POR AURÉLIEN GUILABERT
Más de 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos ya no creen en la democracia, según Latinobarómetro. Desde su transición democrática joven, las tasas de desconfianza hacia los partidos y las instituciones públicas no han dejado de aumentar entre la ciudadanía desde los últimos 20 años. Además de su fragilidad, la participación electoral se encuentra gangrenada por la coacción del voto, el cual oscila entre 150 y 5000 pesos, según afirma el activista Alberto Serdán del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en su página de reportes ciudadanos democraciasinpobreza.mx.
Mapaches, carrusel, acarreados: el léxico de la operación clientelar electoral, además de preciso, es perfectamente conocido por los órganos de control y fiscalización electorales. La mayoría de dichas prácticas y de los delitos electorales quedan sin indagarse, sin resolverse o son castigados por multas financieras, en general insignificantes comparadas con el monto del presupuesto público recibido por los partidos políticos.
La reparación del daño para la sociedad democrática en materia de delitos electorales es casi nula. ¿En caso de que algún delito sea comprobado, por qué no prohibirle a la persona responsable la posibilidad de volver a presentarse a un cargo de elección popular? ¿Por qué no prohibir al partido que haya presentado a la persona la posibilidad de presentar una candidatura en la demarcación donde se comprobaron los hechos ocurridos? ¿Por qué no proceder a la cancelación del registro de un partido, en caso de delitos electorales graves y consecuentes por parte del mismo?
Frente a la compra del voto, incentivada por las nuevas tecnologías, algunos candidatos ciudadanos y activistas lanzaron la petición y campaña #VotoSinFoto, solicitando al Instituto Nacional Electoral la prohibición de celulares en las casillas con el fin de cohibir la práctica clientelar digital. En el mismo sentido, y desde un punto de vista ético y democrático funcional, ningún partido político debería presentar candidatas y candidatos antes de haber acatado las 30 obligaciones que le impone la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y tú, ¿sabes si el partido para el cual pretendes votar respeta o burla la Ley? Con el propósito de llevar a cabo un voto informado, el colectivo Nosotrxs presenta un análisis preciso y por partido de la situación al respecto.
Además de dichas mañas, cabe resaltar el déficit de involucramiento ciudadano en las elecciones presidenciales, ya que en general poco más de 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos participan. Entre ellos, se selecciona a una persona a la cabeza de la nación por 6 años en general con base en solamente un poco más de 1/3 de dichas personas votantes; o sea, un poco más del 30 % del 60 % de las y los ciudadanos. Si pensamos la democracia como el resultado de la voluntad de la mayoría, queda claro que la persona electa a la Presidencia carece claramente de legitimidad en términos de mayoría o “consenso democrático”. Por ello, países como Colombia o Francia cuentan con una segunda vuelta entre las dos personas de mayor votación. ¿Qué pensar de la obligación del voto sobre el modelo de Ecuador, Brasil o Suiza? Tal vez podría ser una opción, siempre y cuando la normatividad permitiera contabilizar la anulación del voto, y su vinculación para la anulación y repetición de la elección en caso de sobrepasar el 50 % del total de los votos expresados.
La democracia no es un estatus fijo, sino un horizonte cada vez más mejorable; y no solamente en temporadas electorales. Las respuestas a la crisis existen, aunque inician por la apropiación y conciencia individual de la responsabilidad hacia una democracia cada vez más abierta, incluyente, participativa y ciudadana. #VotoInformado.
*Fundador de Espacio Progresista, A. C. Asesor en estrategias de políticas públicas, incidencia social y cooperación internacional.
@aurel_gt
