Los ecosistemas marinos en México suman más de 70 millones de hectáreas, vulnerables ante la contaminación de residuos plásticos, la pesca ilegal, la descarga de aguas residuales y agroquímicos, además del desarrollo inmobiliario cuyo crecimiento rebasa la capacidad jurídica e institucional para prevenir el daño ambiental.
El mar mexicano es hogar de 65 especies de coral y otras en peligro de extinción, como el tiburón martillo, la tortuga laúd, la caracola reina, el manatí del Caribe, el tiburón ballena, la vaquita marina, entre algunas más. Aunado a ello, el doctor Tom Goreau (Global Coral Reef Alliance) y el maestro Víctor Hirales (Derecho sin Fronteras) han revelado escenarios catastróficos con respecto a la evidencia de la muerte, en fuerte aumento, del sistema de arrecifes de coral Mesoamericano, que comprende territorio de México, Guatemala, Belice y Honduras.
Aunque sea necesaria para la concientización ciudadana, la campaña “Sin popotes está bien” de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal se queda corta a fin de mitigar la contaminación de los océanos. En su informe Estado del Plástico 2018, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) específica que cada año se tiran más de 13 millones de plásticos en los mares y océanos, y que de seguir así, durante el 2050 podría haber más residuos de este material que peces y mamíferos marinos.
Pese a las alertas del PNUMA a los gobiernos a nivel internacional sobre la plaga plástica marina, la Semarnat prefirió una estrategia de comunicación en vez de impulsar una norma tajante hacia la prohibición de algunas prácticas contaminantes –la distribución gratuita y automática de bolsas de plástico o de popotes, por ejemplo–. Mientras, algunas localidades están dando el paso como es el caso en Baja California.
La reducción del consumo de popotes es necesaria, pero los estudios científicos mencionan que no es el peor contaminante plástico de los océanos, al representar el 4 % del total de los desechos. El gran responsable de la destrucción de la vida marina sería el uso de redes de pesca, como denuncia la organización Ocean Cleanup. Estas representarían el 46 % del peso de los residuos plásticos. La problemática del uso y abuso de estas redes es una práctica que se agrava frente a la pobreza y marginación de algunas comunidades costeras, que pescan de manera clandestina, y al ser sorprendidas dejan las redes caer en los océanos.
Al respecto, uno de los grandes éxitos del PNUMA es el Programa Regional de Mares, ya que ataca y mitiga los problemas locales de forma eficaz. Los esfuerzos del PNUMA han logrado consolidar el Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las acciones negativas de las actividades realizadas en la Tierra, el cual debería ser uno de los principales ejes de la nueva administración federal en México.
Cabe destacar que, por primera vez, en febrero del año en curso la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó las obligaciones de los Estados a respetar y garantizar los derechos humanos en materia ambiental y de protección de los ecosistemas. Tras un historial de desastres ambientales que pudieron prevenirse, México debe fortalecer la defensa y conservación de sus océanos con una estrategia pública, jurídica, innovadora e incisiva, que priorice el bien común del ecosistema marino y la biodiversidad en aras del derecho a la supervivencia y al medio ambiente sano.
Aunque la sociedad civil será sin duda un elemento importante para que la letra jurídica se vuelva práctica obligatoria, la voluntad política será clave si se desea detener la masacre marina y garantizar nuestro derecho a la sustentabilidad ambiental.
*Fundador de Espacio Progresista, A. C. Asesor en estrategias de políticas públicas, incidencia social y cooperación internacional.
@aurel_gt
