Pese a las opiniones divergentes de militantes, personas electas, o incluso de la propia Tatiana Clouthier, ex coordinadora de campaña del presidente y diputada vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena; a pesar de las críticas fundamentadas de las y los expertos en materia de seguridad y justicia desde la academia y la sociedad civil especializada, entre ellos Alejandro Madrazo y el colectivo #SeguridadSinGuerra; a pesar de las preocupaciones en materia de derechos humanos de los más altos organismos autónomos competentes, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos; a pesar de los distintos posicionamientos públicos por parte de entes internacionales destacados como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o el alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; pese a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la militarización de la seguridad pública, con base en los estándares y compromisos internacionales ratificados por México; aunque el poder legislativo no haya terminado las discusiones, tampoco votado alguna medida al respecto; la Guardia Nacional va.
Incluso, la Presidencia de la República ya presentó públicamente los requisitos de la convocatoria y los contenidos de la formación que recibirán sus integrantes. Frente a la resolución y el rechazo de la Suprema Corte con respecto a la Ley de Seguridad Interior del sexenio pasado, y a las advertencias en materia de constitucionalidad de algunos de sus integrantes sobre el tema, se instruirá la modificación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Ni las opiniones constructivas, ni las evidencias, ni los aciertos comprobados, ni la división de poderes –base fundamental del régimen democrático– podrán, al parecer, detener la “legalización” de la militarización. Compuesta por 50 000 elementos adscritos a la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional pretende ser la solución para restablecer la paz en una sociedad ensangrentada.
Prevención social de las violencias, fortalecimiento del desarrollo comunitario, social y económico, reinserción social, acceso universal a la justicia eficiente, combate a la impunidad son temas que parecen no formar parte de las prioridades de la estrategia de pacificación. ¿Cuántas ejecuciones o “detenciones” fueron provocadas por el Ejército o la Marina en los dos sexenios pasados? ¿Cuántas muertes y desapariciones ocurrieron desde hace 12 años? Tampoco el fortalecimiento del sistema de medición de delitos y homicidios o de la propia estrategia de seguridad resulta ser fundamental.
A partir del 16 de enero, las y los diputados tienen la oportunidad de escuchar y posicionarse de manera innovadora sobre la visión y los contenidos de una política de seguridad fallida. O podrán legitimar el pasado al seguir con la estrategia reactiva y represiva de los precedentes sexenios que, a pesar de las detenciones y decomisos históricos, no ha logrado disminuir los tráficos ilícitos de armas, drogas y personas.
¿Los mismos que se oponían hace algunos meses a la militarización validarán el mantenimiento de una política nacional violenta frente a las violencias que detonó un aumento de abusos, violaciones a derechos fundamentales, pero sobre todo un incremento histórico a nivel mundial en materia de homicidios, en un país supuestamente en paz? ¿Qué pasará si una persona con ideología extremista llega a ocupar la Presidencia con tantos poderes militares? ¿Qué pasará con una Secretaría de Defensa sobreempoderada? ¿La transformación para la paz será militar, reactiva y arbitraria?
Aurélien Guilabert es fundador de Espacio Progresista, A. C., asesor en estrategias de políticas públicas, incidencia social y cooperación internacional.
@aurel_gt
