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Opinión
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Una nueva era digital

POR Revista Cambio Fecha: Hace 1 week
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POR AURÉLIEN GUILABERT*

Nombre, reconocimiento e identificación facial en fotos; ubicación, selección de contenidos, preferencias sexuales, gustos diversos, destinatarios y hora de sus llamadas con ubicación en tiempo real: estas informaciones fueron y siguen siendo usadas y compartidas por las empresas, páginas, redes sociales o aplicaciones que utilizamos de manera cotidiana. Los riesgos potenciales no son menores y pueden manifestarse de varias formas, dese la divulgación o transmisión de datos personales a terceros para  utilizarlos con fines propios (empresas, particulares, aplicaciones con propósitos diversos) hasta el robo de identidad o fraudes en línea.

Recordemos los escándalos recientes de Cambridge Analytica y el uso político de datos personales almacenados por Facebook en las últimas elecciones estadounidenses, o de Grindr, una aplicación de encuentros entre hombres que fue señalada por Buzzfeed y Sintef (ONG Noruega) por haber compartido los datos de más de 3.6 millones de usuarios de manera cotidiana a varios de sus “prestadores de servicios”, justificándose tras la “entrega consciente” de la información por parte de sus adeptos en términos de geolocalización, posición sexual favorita o última prueba de VIH.

En Europa, recientemente los más de 250 millones de suscriptores de Facebook, Twitter, WhatsApp y demás aplicaciones están recibiendo mensajes de información y para aprobar una nueva cláusula de confidencialidad. Los gigantes del área digital tendrán que aplicar a partir del 25 de mayo el nuevo Reglamento General para la Protección de Datos Personales (RGPD) fijado por la Unión Europea. Dicho reglamento obliga a las pequeñas y medianas empresas, así como a las administraciones, los hospitales y las empresas multinacionales como Google, a respetar una serie de medidas que fortalecen el derecho a la protección de datos personales y de la privacidad de los usuarios en la Unión Europea.

No se tratará ya de una autorización individual vaga al palomear una casilla con letras chiquitas, que daba por aprobado un texto de múltiples páginas con un lenguaje jurídico complejo, sino de garantizar el derecho a recibir informaciones claras y comprensibles sobre el tipo de datos recolectados y tratados, quiénes los tratan, la razón por la cual están tratados y la periodicidad de su uso y almacenamiento en la red. También garantizará el derecho al acceso a la totalidad del contenido de uno almacenado por cualquier ente en la nube.

A partir de la fecha señalada, a fin de usar los datos personales en línea de alguien, la empresa deberá solicitar de manera clara e informada al usuario su consentimiento, sin  condicionar el uso de sus servicios por ello. En caso de robo o pirateo de los datos personales en una plataforma virtual (como lo ocurrido con Uber hace unos meses), la empresa tendrá que avisar a sus usuarios en un plazo menor a 72 horas.

Gracias a la nueva norma se materializa y se hace efectivo también el derecho al olvido. Cada persona podrá solicitar la supresión de la totalidad sus datos personales de todas las redes o nubes existentes en línea. En caso de violación del reglamento en cualquier de los 28 países, se le atribuirá al organismo una multa del 4 % de sus ganancias totales.

Aunque dos tercios de las empresas no están listas todavía a pesar del aviso emitido desde hace ya dos años, las legislaciones nacionales poco a poco han homologado tal reglamento. En la Unión Europea las personas tendrán ya el derecho fundamental de decir sí o no al uso de sus datos personales. “Se espera con ello la construcción de un mundo digital más ético, más transparente, más informado y más justo; pero no se podrá poner en marcha sin las acciones colectivas o recursos ciudadanos correspondientes”, señala Paula Forteza, diputada francesa relatora de la homologación del reglamento en la Asamblea Nacional.

Estas decisiones históricas podrían dar luz a una nueva visión mundial de la sociedad digital sobre la garantía de la protección de datos personales, llevando a las empresas americanas a tener que aplicar leyes en su territorio y en otros países a condición de que los legisladores, las autoridades competentes o la propia ciudadanía decidan impulsarlo.

*Fundador de Espacio Progresista, A. C. Asesor en estrategias de políticas públicas, incidencia social y cooperación internacional.

@aurel_gt

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