SAO PAULO (AP) — Una normatividad laxa, la falta crónica de personal y una ley que silenció las voces de los ambientalistas en torno a las licencias de minería hicieron que la devastadora ruptura de una presa en el sureste de Brasil fuera un desastre que ya daba muestras de avecinarse, denunciaron expertos y legisladores.
El desplome de la presa que retenía desperdicios de mineral de hierro el 25 de enero desató una avalancha de lodo que sepultó inmuebles y contaminó el agua río abajo. Al menos 121 personas han muerto y otras 226 siguen desaparecidas.
Sin embargo, una de las partes más crueles de la tragedia en Brumadinho es que ya había ocurrido antes: en 2015, dos represas mineras reventaron en el cercano municipio de Mariana, considerado el peor desastre ambiental en la historia de Brasil.
Y peor aún: podría ocurrir de nuevo. Muchos estados brasileños y el gobierno federal están movilizándose para hacer menos estrictas las normas en nombre del desarrollo económico.
En los tres años desde que la ruptura en Mariana provocó la muerte de 19 personas, las regulaciones del sector se han vuelto menos rigurosas, no más, en el estado Minas Gerais.
“Se sentía como si sólo fuera cuestión de tiempo antes de que ocurriera algo más grande”, dijo Josiele Rosa Silva Tomas, presidente de la asociación de habitantes de Brumadinho.
Los problemas que existían cuando se rompieron las presas en Mariana han persistido, como la dramática insuficiencia de personal, mientras que una nueva ley ha reducido la voz de los grupos ambientalistas en el proceso de licencia de proyectos.
Y el peligro sigue siendo generalizado: un informe de la Agencia Nacional del Agua de 2017 identificaba más de 700 presas en todo el país como de alto riesgo de ruptura y elevado potencial para provocar daños.
De hecho, algunos temen que los riesgos sólo se incrementen. Grupos ambientalistas acusaron al Congreso y al presidente previos de dar marcha atrás a protecciones significativas y muchos esperan que éstas sean debilitadas aún más durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que ha dicho que las normas ambientales paralizan a varias industrias, incluida la minería.
Pero las políticas que contribuyeron a las rupturas en Minas Gerais son mucho más locales. Durante siglos, la economía de este estado rico en minerales ha girado en torno a la industria de la minería: su nombre, asignado por los colonizadores portugueses, significa “Minas generales”.
Más de 300 minas emplean a miles de personas en el estado, a menudo en áreas rurales y pobres.
Con frecuencia grupos de la sociedad civil pasan apuros para obtener garantías básicas. Por ejemplo, desde hace tiempo el grupo de Tomas ha luchado para impedir que los proyectos mineros contaminen el agua potable.
“Minas Gerais tiene siglos de historia de ser indulgente con el sector minero. Es algo cultural”, dijo Joao Vitor Xavier, diputado estatal, a The Associated Press. “La industria crea un discurso en el que le ofrecen empleos y crecimiento económico a la gente, pero ponen las ganancias por encima de la seguridad”.
El director general de Vale SA, propietaria y operadora del complejo minero de Brumadinho, reconoce que sus medidas de regulación estuvieron por debajo de lo requerido.
“Aparentemente trabajar bajo las normas (actuales) no ha funcionado”, dijo Flavio Schvartsman durante una conferencia de prensa varias horas después de que la presa se desplomó. Los funcionarios de Vale han dicho que aún desconocen las causas.
Se emitieron órdenes de arresto para cinco personas responsables de las evaluaciones de seguridad de la presa, incluidos tres empleados de Vale. Esta compañía también estuvo involucrada en las rupturas en Mariana: las presas allí eran administradas por este gigante brasileño y por la australiana BHP Billiton.
El derrumbe en Mariana liberó 60 millones de metros cúbicos (casi 80 millones de yardas cúbicas) de desperdicios mineros a ríos y de allí al Océano Atlántico. Aunque su impacto ambiental es considerado el peor en la historia de Brasil, la cifra de muertos en Brumadinho fue mucho mayor.
Tras la tragedia en Mariana, Minas Gerais ya pasaba apuros para hacer valer las normas que tenía: una auditoría de 2016 halló que el estado sólo contaba con el 20% del personal necesario en la agencia encargada de supervisar las minas. Los ambientalistas dicen que las normas para regular la minería se han vuelto aún más débiles desde entonces.
En 2015, el estado aprobó un nuevo proceso para otorgar licencias a proyectos mineros. Éste trasladaba la responsabilidad de una junta en la que estaban representadas varias organizaciones ambientalistas al secretario estatal del medio ambiente, el cual creó una nueva junta en la que la mayoría de sus integrantes favorecían los intereses de la industria minera.
El entonces gobernador Fernando Pimentel argumentó que el proyecto de ley reduciría el personal de la burocracia, pero unos días antes de que se aprobara la ley, la Asociación de Defensa Ambiental ante las Minas consideró que se trataba de “uno de los mayores reveses en normatividad ambiental en el país”.
“Se establecen las condiciones de forma que nunca dejen de emitirse las licencias”, dijo María Teresa Corujo, una inusual voz proambiental en la nueva junta, a la AP.
En diciembre, Corujo, del Foro Nacional de la Sociedad Civil en Comunidades en Cuencas, fue la única integrante de la nueva junta que votó en contra de aprobar la expansión del complejo minero en Brumadinho. Las notas de la reunión muestran que la clasificación de la capacidad del complejo para contaminar había sido reducida _medida que es ahora de la competencia del secretario del medio ambiente_, lo que le permitió a la compañía evitar someterse a las medidas regulatorias.
En julio de 2018, Xavier, el legislador estatal que ha presionado para que se prohíba la construcción de presas de residuos de mineral de hierro, hizo un pronóstico sombrío.
“No estoy diciendo que podríamos tener otras rupturas de presas en Minas Gerais. Estoy diciendo que, a partir de todo lo que he visto y estudiado, no tengo ninguna duda de que tendremos más rupturas de presas”, declaró ante la asamblea estatal.
En la actualidad sigue convencido de que habrá más tragedias a menos que se implementen normas más estrictas.
“Estas presas no son 100% seguras”, afirmó. “¿Cuántas de ellas se pueden romper? Cualquiera”.
