Santiago, 23 Ene (Notimex).- El pleno de la Cámara de Diputados de Chile rechazó el recurso de cuestión previa argumentado por la defensa de Felipe Guevara, intendente de la Región Metropolitana, con la que buscaban evitar la discusión a fondo de la acusación constitucional que pesa en su contra.
Por 78 votos en contra, 70 a favor y una abstención, los parlamentarios rechazaron el recurso y aceptaron la discusión de las acusaciones que señalan a Guevara por vulneraciones a la constitución en relación con la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, en el marco de la crisis social que atraviesa Chile.
Esto significa que la comisión designada para sostener la acusación puede exponer los argumentos de la investigación ante el pleno, para luego ceder el uso de la palabra al acusado o a su defensa.
En defensa de la cuestión previa, el intendente Guevara sostuvo que está de acuerdo con la libre expresión y el derecho de manifestación pacífica, por lo que estima injusta la acusación constitucional que se le sigue.
Rechazó, además, haber impedido manifestaciones los días 20 y 27 de diciembre y aseguró que su labor como autoridad es procurar el restablecimiento del orden, la libre circulación y la seguridad de las personas, lo que no implica definir los procedimientos policiacos para conseguirlo, como en el caso del llamado copamiento, cuando elementos de Carabineros encapsularon a manifestantes en Plaza Italia.
Cristian Muga, abogado defensor del intendente de Santiago, aseguró que Guevara actuó conforme al Decreto Supremo 1086, que ha sido históricamente interpretada como una facultad de los intendentes para autorizar las manifestaciones.
Además, argumentó que no existe una acción deliberada intencional imputable a Guevara, y que la acusación no atiende la condición formal que exige que la falta constitucional corresponda a un acto administrativo o de gobierno.
Diputados difieren
En sentido contrario, el diputado Diego Ibáñez, miembro de la comisión legislativa que analizó el caso, aseguró que la acusación está fundamentada y que las violaciones a derechos humanos no se pueden pasar por alto.
El parlamentario acusó que el derecho a la libertad de reunión fue vulnerado por omisión constitucional, lo que tiene un impacto político en una sociedad que busca manifestarse mediante la protesta pacífica.
Pidió también que se analice la idoneidad de la decisión estratégica que llevó a los uniformados a violar derechos humanos y recordó que el general Enrique Bassaletti, integrante de Carabineros, indicó que ellos presentaron las alternativas, pero fue la autoridad política quien tomó la decisión de aplicación.
Además, la diputada Alejandra Sepúlveda, presidenta de la comisión, aseguró que la discusión es procedente porque es un deber ético actuar ante las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por agentes el Estado.
“La acusación describe que existe un efecto de la decisión del intendente de ratificar la estrategia de copamiento preventivo, consistente en que a propósito de éste se generaron diversas vulneraciones a las garantías fundamentales”, expresó Sepúlveda.
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NTX/I/SCH/ECA