La privacidad o intimidad permite a las personas disfrutar sus libertades, desarrollar su personalidad y participar en la vida política, económica, social y cultural de su entorno; sin embargo, las medidas de ciberseguridad pueden ir en detrimento de este derecho. Ante este panorama, el relator especial sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, resalta algunas soluciones en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los países se encuentran cada vez más preocupados ante el hecho de que las nuevas tecnologías –en especial Internet– amplifiquen las amenazas a las que se enfrentan los usuarios y, como consecuencia, tienden a intensificar sus medidas de ciberseguridad. Un claro ejemplo son los Estados que han sufrido ataques terroristas.
Pese a que los enfoques varían, el documento indica que ninguna de las piezas de legislación respeta las normas internacionales sobre el derecho a la privacidad y, por consiguiente, estas permiten que se infrinjan principios como la confidencialidad o la integridad, entre otros. En este sentido, el relator ha destacado la situación de los ciudadanos que han visto violada su intimidad y no han podido exigir medidas correctivas porque la ley no las contempla.
El informe indica que resulta necesario emprender un diálogo para que las políticas de ciberseguridad consideren los derechos y libertades de los ciudadanos. Estas discusiones deberán incluir a miembros de la sociedad civil, representantes gubernamentales, empresas de Internet y expertos en derecho y seguridad con el propósito de compartir información, conocer sus intereses y cubrir todos los aspectos relevantes.
