Washington, 17 Feb (Notimex).- La comunidad indígena miskita de Wangky Twi Tasba Raya, ubicada en el municipio de Waspam, Nicaragua, fue atacada con disparos de arma de fuego durante la tarde del domingo 16 de febrero, acusó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, durante la agresión una niña de la comunidad habría sido herida en el rostro por una bala, informó el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la CIDH.
Los disparos fueron accionados desde la montaña contra personas que se estaban bañando, relató una integrante de la comunidad al Meseni y aseguró que las emboscadas desde la montaña son una maniobra constante que forma parte de los esfuerzos para adueñarse de las tierras del grupo étnico de los miskitos.
La niña fue trasladada al hospital Oswaldo Padilla de Waspam Río Coco para su atención médica, mientras que niños, mujeres y ancianos quedaron resguardados en la escuela del pueblo, y los hombres articularon el resguardo de la comunidad, expresó la Comisión, adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“La CIDH urge al Estado de Nicaragua a proteger la vida e integridad de las personas que habitan en las comunidades indígenas asentadas en la Costa Caribe y de quienes por cuestiones de seguridad decidieron alejarse de esas comunidades y desean regresar”, señaló.
Además, la CIDH recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) aprobó la semana la ampliación de medidas provisionales en defensa de los pobladores de la comunidad de Santa Clara, del pueblo indígena Miskitu, afectado ayer por la agresión con armas de fuego.
Desde 2015, la comunidad de Santa Clara ha sufrido hostigamiento y amenazas en el marco de la pretensión de terceros de hacerse de sus tierras ancestrales, hechos que registraron un incremento en la intensidad de la violencia en 2019, consideró la Corte en su resolutivo.
Además, la Corte advirtió que el Estado nicaragüense no ha adoptado todavía medidas concretas para proteger la vida e integridad de los integrantes de la comunidad afectada, más allá de algunas entrevistas a las personas afectadas y de denuncias presentadas ante la Policía Nacional.
“Las cuales resultan insuficientes a la luz de la gravedad de los hechos denunciados”, evaluó la CoIDH.
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