Guatemala, 13 Feb (Notimex).- Una organización de juristas internacionales solicitó al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que ejerza su poder de veto para anular las reformas a la llamada Ley de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), publicó hoy la prensa local.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) envió una carta al mandatario guatemalteco con amplias argumentaciones para que se desechen las reformas a la mencionada ley, la cual afectaría a las ONG que se encuentran involucradas en varios proyectos de desarrollo social en este país centroamericano, reveló el diario La Hora.
En la misiva, los juristas destacan la actividad de las ONG, “la cual se ha visto fuertemente mermada en diferentes partes del mundo, debido a la multiplicación de los obstáculos interpuestos por las autoridades a su trabajo, a la financiación y en particular por la instauración de marcos jurídicos restrictivos y prejuiciosos como las reformas aprobadas”, enfatizaron.
La fiscalización excesiva que contiene la ley aprobada “indudablemente tiene como objetivo desincentivar el trabajo de las ONG y pretende sencillamente asfixiarlas, afectando parcial o totalmente su financiación y sus actividades normarles”, se asienta en la misiva.
La ley aprobada resulta discriminatoria contra las ONG de Pueblos Indígenas, ya que ni siquiera hace mención a las reformas de organización social de estos, ni a la obligación del Estado de reconocer, respetar y promover “sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de traje indígena de hombres y mujeres, idiomas y dialectos”, apuntaron los juristas.
Señalaron que las reformas “violan la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos que reconoce que la participación ciudadana es esencial para la construcción de la democracia y para el fortalecimiento del Estado de Derecho”.
El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles la polémica reforma de ley que regula y fiscaliza a todas ONG, en medio de reclamos de la oposición.
Según el Congreso guatemalteco, la reforma de la ley permitirá “transparentar y fiscalizar” a las organizaciones no gubernamentales radicadas en el país centroamericano.
La nueva normativa establece en su artículo 13, uno de los más polémicos, que las organizaciones no gubernamentales no podrán usar donaciones o “financiamiento externo” para “realizar actividades que alteren el orden público” en territorio nacional.
“Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externo para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada” y “sus directivos responsables serán imputados conforme a la legislación penal y civil vigente”, señala la normativa aprobada.
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