Santiago, 23 Ene (Notimex).- El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, fue suspendido de sus funciones luego de que la Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy la admisibilidad de la acusación constitucional en su contra, por presuntamente impedir la libertad de expresión y el derecho de reunión de los ciudadanos.
La suspensión del intendente podrá revertirse sólo si el Senado desestima la acusación o si no se pronuncia al respecto dentro de los siguientes 30 días.
Tras un debate de cerca de cuatro horas, el pleno de la Cámara aprobó la acusación constitucional contra Guevara, por lo que la comisión legislativa encargada de su revisión ahora deberá exponerla y defenderla ante el Senado.
En el debate, la presidenta de la comisión, Alejandra Sepúlveda, detalló los informes internacionales de derechos humanos en los que se sustentó la acusación, los antecedentes, la estrategia de copamiento y las declaraciones de “tolerancia cero” hechas por el intendente Guevara.
Sepúlveda describió las violaciones a derechos humanos ocurridas tras el copamiento usado el 20 de diciembre de 2019, luego del cual Guevara informó que seguiría aplicando la misma estrategia, tal como hizo el 27 de diciembre, cuando se incendió el Cine Arte Alameda y el ciudadano Mauricio Fredes perdió la vida mientras huía de las maniobras del cuerpo de Carabineros en la Plaza Italia.
Luego de esos hechos violentos, Guevara cambió su discurso y señaló que la estrategia era responsabilidad de Carabineros, no suya, acusó la legisladora.
El intendente vulneró la constitución al promover el copamiento y lastimó el principio de legalidad al disponer cerca de mil elementos de Carabineros en un mismo sitio, sin cumplir con el objetivo de resguardar el orden público, agregó Sepúlveda.
“Al contrario, se desprotegió a la población, (el uso de la fuerza fue) ineficaz, ineficiente y desproporcionado”, añadió.
La técnica de copamiento tiene como principal problema que no distingue a quienes son pacíficos de quienes no, arguyó la legisladora, y lamentó que en ningún momento la defensa de Guevara aludiera a los derechos humanos.
“Hay un deber ético, (la Cámara) no puede ser cómplice de la vulneración de los derechos humanos”, manifestó, por lo que Guevara tiene una responsabilidad política y constitucional.
El abogado Rodrigo Ávila, representante legal del intendente Guevara, aseguró que los informes internacionales no le imputan al funcionario una relación directa de su actuar con hechos como las lesiones oculares infringidas a manifestantes registradas en las últimas semanas, por lo que pidió que se especificara la culpabilidad en los preceptos constitucionales.
En cuanto al copamiento, Ávila dijo que es una táctica policial acreditada, como lo informaron en su comparecencia los generales de Carabineros Mario Rozas y Enrique Bassaletti, y que tiene la finalidad de evitar el desarrollo de actos violentos que puedan afectar al resto de manifestantes o a las personas y bienes presentes en el lugar.
Luego de las exposiciones de la acusación y la defensa, 23 legisladores participaron en el debate, que derivó en su admisión de viabilidad, por lo que será transmitido al Senado.
-Fin de nota-
NTX/I/SCH/JGM
