México, 30 Ene (Notimex).- Al permitir la incineración de más de mil 500 cuerpos de personas fallecidas no identificadas sin realizarles pruebas de ADN, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía General del estado, la Secretaría de Salud local y el ayuntamiento de Guadalajara incurrieron en violaciones a los derechos humanos de las familias afectadas.
Así lo señalaron César Pérez Verónica y Ana Karolina Chimak, integrantes del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, quienes adelantaron que debido a esas violaciones se solicitará al representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, la intervención internacional para que se detone el proceso de legalidad y verdad.
En conferencia de prensa consideraron que el hallazgo de los cuerpos no identificados en las cajas de refrigeración, el 15 de septiembre de 2018, en el estado de Jalisco, visibilizó la profunda crisis forense, así como la indolencia y debilidad institucional de las autoridades estatales.
Sin embargo, estimaron, la crisis forense no comenzó el año pasado, el tema de los tráileres constituye sólo una de las graves consecuencias de las omisiones, negligencias y violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años por las autoridades estatales.
Durante décadas, dijeron, se cometieron múltiples y graves violaciones a los derechos humanos de las personas fallecidas no identificadas, de sus familiares y la sociedad en su conjunto.
Hicieron notar que desde 2006, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha incinerado mil 581 cuerpos de personas fallecidas no identificadas, con la autorización y responsabilidad de las autoridades estatales en complicidad de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
Precisaron que lo anterior se suma a los intentos de entrega de los cuerpos incinerados a familiares de personas desaparecidas sin aportar pruebas genéticas que confirmen su identidad, jugando con el dolor y simulando el cumplimiento del derecho a la justicia y a la verdad.
Según las autoridades forenses, del 1 de enero de 2006 al 31 de octubre de 2018 se han entregado 140 cenizas a sus familiares. Incluso, en 2018 se devolvieron siete cuerpos incinerados a los familiares de las personas fallecidas.
Establecieron que con ello se afectaron de manera irreversible los derechos a la verdad, la justicia y la seguridad jurídica, ya que las instituciones públicas dejaron a miles de familiares de personas desaparecidas con la incertidumbre de saber si entre los cuerpos incinerados sin identificar están sus seres queridos.
A las personas que fueron cremadas, agregaron, se les quitó el derecho a la identidad, sin reconocer su estatus legal de muerte adecuada y sin poder tener una sepultura digna y personalizada.
Por ello, solicitaron la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, los comités contra la Tortura, y de Derechos Humanos, y el Relator Especial sobre la Tortura.
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