Por Gloria Islas Rodríguez
México, 22 Ene (Notimex).- Ante críticas de opositores por su cercanía a la administración federal y su silencio ante el despliegue de la Guardia Nacional para contener a los migrantes en la frontera sur, la ombudsperson nacional Rosario Piedra Ibarra refrendó que es independiente de cualquier gobierno y, sobre todo, de los poderes fácticos que quieren seguir ejerciendo el poder.
Durante el informe anual de labores de 2019, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recordó que lleva dos meses al frente del organismo y reclamó a quienes la cuestionaron: “¿Qué hicieron cuando miles de ciudadanos de este país reclamábamos que se hiciera justicia en el caso de la desaparición forzada?”
Sin embargo, pidió tenerle confianza. “Yo veo que este país está alumbrado por un nuevo aire de esperanza, de confianza. Que el miedo de los ciudadanos empieza a desaparecer, a pesar de la adversidad y de todas las lacras que hemos heredado”, opinó.
Dijo que el pueblo de México es agradecido, “que se queda con ese nuevo sol que hoy alumbra y del cual esta Comisión quiere seguir siendo parte para impulsar ese cambio en nuestro país. Y yo veo que son muchos los que se quedan con esas manchas que queman”.
“Les pido esa confianza y que tengan la seguridad de que yo soy independiente de cualquier gobierno, pero sobre todo también de algo que se oculta aquí y que no se ha dicho mucho en esta patria: los poderes fácticos que quieren seguir ejerciendo el poder y propiciando que se sigan violentando los derechos humanos, que no exista la justicia y que este país no prospere”.
En su intervención el senador Gustavo Madero, del PAN, recordó a la ombudsperson que no cuenta con el aval de su partido por la forma de su designación y advirtió que su obligación es defender a las víctimas, no defender a la actual administración.
En tanto Enrique Ochoa Reza, del PRI, advirtió que más allá de las ideologías y de las visiones personales se debe salvaguardar en todo momento la autonomía e imparcialidad de la CNDH.
Sostuvo que ante una posible reforma de justicia penal los derechos humanos pueden ser ampliados y profundizados, pero no pueden ser revertidos ni pueden ser removidos de la Constitución.
“De hacerlo estaríamos incurriendo, como legisladores, en violaciones graves a los tratados internacionales de los que México forma parte”, sostuvo.
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