BUENOS AIRES (AP) — Activistas que reclaman al papa Francisco tolerancia cero para los abusadores en Argentina exigieron el lunes la pronta celebración del juicio a los religiosos acusados de haber violado a niños sordos, un caso que generó un gran escándalo dentro y fuera del país.
Miembros de la organización argentina Iglesia sin Abusos y las internacionales Ending Clergy Abuse (Fin al abuso del clero) y BishopAccountability.org (Rendición de Cuentas para los Obispos) se reunieron con presuntas víctimas de abusos del Instituto Antonio Próvolo en la provincia de Mendoza, quienes se lamentaron por la falta de justicia a los oprobios que dicen haber sufrido en manos de dos sacerdotes que están entre los principales acusados.
En la reunión los denunciantes y sus familiares compartieron las dolorosas experiencias vividas, lamentaron un proceso judicial de más de dos años y pidieron que los sordos puedan ser tratados de manera especializada luego de que el centro para hipoacúsicos fuera cerrado
La reunión se celebró en el marco de una campaña que han iniciado los activistas en la que piden a Jorge Bergoglio que acuda a Argentina, que no ha visitado desde que fue proclamado papa en 2013, para garantizar que la jerarquía de la Iglesia Católica aplique medidas contra esos delitos y no proteja a quienes los cometen.
Las victimas del Próvolo quieren “mayor celeridad del proceso” que ha sufrido “altibajos” a causa de estrategias dilatorias de abogados de los acusados, señaló a The Associated Press Juan Manuel Lavado, de la asociación Xumek Argentina, que defiende a varios denunciantes y se ha sumado a los reclamos de las otras organizaciones.
En noviembre de 2016 salieron a la luz los casos de abusos supuestamente cometidos por dos curas, una monja y dos civiles a una veintena de alumnos del lnstituto Antonio Próvolo, situado en Lujan de Cuyo –a unos 1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires– lo que llevó a la clausura del establecimiento de la asociación Obra San José.
En la causa judicial hay más de una docena de acusados como autores materiales, partícipes y encubridores de distintos delitos sexuales. El anciano sacerdote italiano Nicola Corradi y el cura argentino Horacio Corbacho están imputados de supuestas violaciones y abusos que niegan haber cometido.
Ambos afrontan la etapa de la audiencia preliminar, en la que si el fiscal cuenta con mucha evidencia probatoria se puede negociar con los acusados el reconocimiento de la culpa y fijar la condena sin llegar a juicio.
El nombre de Corradi apareció en 2009 cuando decenas de sordos italianos del Instituto Antonio Próvolo de Verona dijeron haber sido abusados por una veintena de religiosos desde la década de 1950. La lista de abusadores fue publicada en internet y especificaba que el sacerdote italiano estaba en Argentina.
El nombre del cura volvió a aparecer en una carta dirigida a Francisco en 2014 en la que las víctimas italianas le hacían notar que Corradi estaba en Argentina desde los años ochenta. Sin embargo, éste permaneció dirigiendo el instituto para sordos en Mendoza hasta que a fines de 2016 las denuncias se hicieron públicas.
Anne Barret Doyle, codirectora de BishopAccountability.org, dijo a AP que esas y las otras organizaciones querían acompañar el clamor porque se haga justicia de las víctimas de Próvolo. “El papa Francisco les debe una disculpa por su complicidad y silencio. Las víctimas italianas le advirtieron durante años que Corradi y otros trabajaban con niños en Argentina. El papa no hizo nada”, sostuvo.
También afirmó que Francisco debería investigar al arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo por negarse “a proporcionar información sobre los abusadores del Próvolo a los fiscales”.
Colombo manifestó a medios de prensa su voluntad de ayudar a las víctimas cuando en 2018 fue designado arzobispo de Mendoza. El Vaticano estableció por su parte que el obispo Alberto Bochatey investigue la verosimilitud de las denuncias, quien a su vez ha sido cuestionado por abogados de las víctimas.
Un miembro de la Fiscalía de Mendoza que no se identificó por no estar autorizado dijo a AP que hay en transcurso 11 audiencias preliminares para los acusados. Apuntó que el proceso es “largo por la cantidad de imputados, pruebas y la estrategia de la defensa” y que si el fiscal se apresura la causa puede fracasar.
En una audiencia preliminar en 2018 el exempleado del Próvolo, Jorge Bordón, fue condenado a 10 años de prisión tras confesar la autoría de una decena de delitos.
La campaña de los activistas se desarrolla dos meses después de la histórica cumbre realizada en el Vaticano, en la que Francisco promulgó nuevas normas para contrastar este mal que aqueja a la Iglesia en numerosos países.
En Argentina no existe un registro oficial de denuncias judiciales sobre abusos cometidas por integrantes del clero.
Según BishopAccountability.org, en Argentina 96 sacerdotes, hermanos y monjas han sido acusados públicamente de abuso sexual infantil.
Hasta 2017 la AP compiló una lista de 66 sacerdotes, monjas y otros religiosos que desde 2001 han sido acusados de abusar presuntamente de docenas de personas. La cifra se obtuvo a partir de testimonios de las víctimas, documentos judiciales y eclesiásticos y reportes de medios locales corroborados con la base de datos de BishopAccountability.org. En varios casos no hubo investigaciones canónicas ni judiciales.
