CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Cámara de Diputados de México avaló el jueves por casi por unanimidad –con 463 votos a favor y uno en contra– una reforma constitucional para crear un nuevo cuerpo de seguridad federal, la Guardia Nacional, con el que el gobierno aspira a combatir la violencia y la inseguridad en el país.
La creación de esta nueva fuerza, que estará formada por militares y policías, fue una de las promesas más polémicas del presidente Andrés Manuel López Obrador porque sus críticos argumentaban que conllevaría institucionalizar la militarización de México.
Sin embargo, ante las fuertes quejas de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y de amplios sectores de la sociedad civil, el Senado introdujo cambios sustanciales a la propuesta del gobierno, como por ejemplo, que la Guardia tuviera un mando civil y no militar. Estas modificaciones fueron confirmadas este jueves por la Cámara de Diputados.
Para que la propuesta entre en vigor tiene ahora que ser aprobada por al menos 17 congresos estatales y ratificada por el presidente.
Según el texto aprobado, la Guardia se integrará con elementos de la policía federal, el ejército y la marina pero estará bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, un mando civil, y sus integrantes se regirán por una doctrina policial, no militar.
Desde que López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre, ha utilizado a las fuerzas armadas en diversas tareas que van desde la distribución de gasolina hasta la construcción de un aeropuerto.
Los críticos con la iniciativa insisten en que los militares no están preparados para desempeñar labores policiales y les preocupa que la puesta en marcha de la Guardia Nacional demore la depuración y la mejora de los distintos cuerpos de policía que existen en el país.
Sin embargo, algunos mexicanos sienten que el ejército es la única institución gubernamental capaz de combatir a los violentos grupos delictivos en un país que registró una cifra sin precedentes de 33.341 homicidios en 2018, un incremento de 15,5% respecto al año anterior y un equivalente a cerca de 27 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Los militares aún cuentan con la confianza de parte de la población aunque también han sido implicado en varios casos de graves violaciones de los derechos humanos.
La propuesta impone un límite de cinco años para el uso de las fuerzas armadas en tareas policiales pero no queda claro qué sucedería después aunque se presume que sería la Guardia Nacional la que quedaría encargada de esas labores.
La medida fue producto de una inusual unión de fuerzas primero en el Senado y ahora de la Cámara de Diputados. Los partidos de oposición tenían sus dudas pero los gobernadores opositores de estados que han tenido que lidiar con los violentos cárteles sí apostaban por su creación.
A diferencia de la Guardia Nacional de Estados Unidos, en México los gobernadores no tendrán autoridad sobre el nuevo cuerpo policiaco, pero pueden solicitar presencia en sus estados.
