MONTPELIER, Vermont, EE.UU. (AP) — A pesar de las amenazas en su contra, las ciudades de Estados Unidos que han aplicado políticas de “santuario” a personas sin residencia legal están recibiendo discretamente las subvenciones federales para fuerzas de seguridad a las que tienen derecho.
El Departamento de Justicia ha estado entregando los fondos a estas jurisdicciones, aunque algunos funcionarios creen que no hacen lo suficiente para cooperar con las agencias federales de control de inmigración.
Hace aproximadamente 18 meses, el gobierno del presidente Donald Trump amenazó con retener las subvenciones para la aplicación de la ley. El gobierno de Trump ha argumentado desde hace mucho tiempo que los lugares que no cooperan con las autoridades federales de inmigración, a menudo llamadas “ciudades santuario”, representan una amenaza para la seguridad pública.
Sin embargo, el Departamento de Justicia dijo esta semana a The Associated Press que todas menos una de las 29 jurisdicciones _criticadas en 2017 por aplicar lo que consideraba como políticas de “santuario”_ han sido autorizadas para recibir fondos de subvenciones.
La campaña contra las jurisdicciones “santuario” se intensificó en noviembre de 2017 con cartas del entonces secretario de Justicia Jeff Sessions a ciudades, áreas metropolitanas, condados o estados que consideraba que habían aprobado medidas que consideraba que violaban la ley federal.
De esas 29 jurisdicciones _que incluyen ciudades tan grandes como Los Ángeles y tan pequeñas como Burlington, Vermont_ sólo a Oregón le falta la autorización para recibir las subvenciones a partir de 2017, dijo esta semana un portavoz del Departamento de Justicia a The Associated Press.
Las autoridades de Vermont informaron el lunes que se les informó que el Departamento de Seguridad Pública del estado recibiría 2,3 millones de dólares en subvenciones de las fuerzas del orden que fueron bloqueados.
El senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont, declaró victoria, diciendo que el dinero se usaría principalmente para la campaña antidrogas.
Aparte de confirmar la aprobación de las subvenciones a las 28 jurisdicciones, el portavoz del Departamento de Justicia, Steven Stafford, se negó a hacer declaraciones.
Algunas, pero no todas, de las 28 jurisdicciones fueron autorizadas para recibir las subvenciones sin tener que modificar las políticas que desencadenaron la inquietud original del Departamento de Justicia, ahora dirigido por el secretario de Justicia, William Barr. No todos los lugares tienen todavía los fondos en sus manos y no a todos se les ha dicho que ya tienen las autorización para recibirlos.
Ken Martínez, el fiscal del condado de Bernalillo, Nuevo México, dijo que los funcionarios locales no han oído nada de los fondos de las subvenciones para 2017, pero están ansiosos por obtenerlos.
“Será increíblemente útil”, dijo Martínez. “Puedo decir que ha habido un alto nivel de frustración de la gente de ambos lados del debate”, agregó.
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Los periodistas de The Associated Press Eliot Spagat en San Diego; Paul Elias en San Francisco; Susan Montoya Bryan en Albuquerque, Nuevo México; Andrew Selsky en Salem, Oregon; y Jennifer Farrar en Nueva York contribuyeron para este despacho.
