SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Los reclamos de seguros después de los incendios forestales de California en noviembre alcanzaron los 12.000 millones de dólares, convirtiéndose en los más costosos en la historia del estado.
La cifra publicada el miércoles por el comisionado de seguros Ricardo Lara abarca el incendio que destruyó la localidad de Paradise y dos fuegos en el sur de California.
La mayoría de los daños están relacionados con el incendio de Paradise, en el que murieron 85 personas y casi 19.000 inmuebles quedaron destruidos.
“Aunque los trágicos incendios forestales del año pasado trastornaron las vidas de miles de personas, los seguros están ayudando a la reconstrucción y la recuperación”, dijo Lara en una rueda prensa.
California sufrió algunos de los incendios de bosques más letales y destructivos en su historia en 2017 y 2018. Una serie de incendios a fines de 2017 había sido la más costosa, con reclamaciones que alcanzaron los 11.800 millones de dólares.
La creciente destrucción hace que sea más difícil y más costoso para la gente obtener un seguro para propietarios de viviendas.
El departamento de seguros ha empezado a recopilar información sobre las pólizas que las aseguradoras declinan renovar para evaluar mejor los motivos y las ubicaciones donde se está retirando la cobertura, comentó Lara a principios del año.
Cuando las aseguradoras rechazan renovar las pólizas, la ley estatal les exige que les notifiquen a los clientes sobre otras opciones. El estado tiene un plan de seguros de última opción, en el que participan varias aseguradoras, conocido como el “FAIR plan” (plan justo).
Los legisladores de California están lidiando este año con formas para abordar el costo y la destrucción ocasionada por los incendios forestales.
Pacific Gas & Electric Corp., la empresa de servicios públicos más grande del estado, se declaró en bancarrota en enero, diciendo que no podía pagar las posibles decenas de miles de millones de dólares en costos de responsabilidad relacionados con los incendios.
La ley estatal hace que las empresas de servicios públicos sean financieramente responsables de los daños provocados por los incendios forestales causados por sus equipos, incluso si no se determina que incurrieron en negligencia.
