TEXTO Y FOTOS: PROMETEO LUCERO
A pocos días de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, un funcionario canadiense declaró ante la prensa internacional: “Amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después”, al hablar sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esa visión pareciera también imperar en lo que a las empresas mineras respecta.
Y aunque Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, no sea el responsable directo de las acciones de la minería fuera de territorio canadiense, como líder político de esa nación, no es ajeno a estas prácticas destructivas.
El periodista Jaime Porras Ferreyra publicó el año pasado en The New York Times en español:
“La trudeaumanía avanza en el mundo entre ciertas acciones, un estilo fresco y palabras de terciopelo, pero puede que esté apuntando demasiado lejos al prometer a mansalva. Trudeau ha levantado esperanzas tan grandes que resulta difícil comprender su mutismo ante uno de los temas más importantes para los latinoamericanos; el mismo que ha provocado que la imagen de Canadá porte gruesas capas de lodo: el reprobable proceder de varias mineras en la región, sobre todo desde que Harper promovió con tesón la presencia canadiense en el sector extractivo fuera de sus fronteras. En los últimos años, entre 50 % y 70 % de la actividad minera en América Latina ha estado a cargo de compañías de Canadá”.
Pero seis meses antes de que estas palabras fueran publicadas, unas 180 organizaciones escribieron al gobierno canadiense en abril de 2016 para que fijara una postura. Previamente, las denuncias por los abusos cometidos por parte de las empresas mineras canadienses contra la población, la economía y el medio ambiente habían llegado a instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De hecho, el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA, por sus siglas en inglés) dio a conocer desde 2014 que las compañías de minería a larga escala de origen canadiense tienen más de la mitad de sus proyectos en América Latina.
También detectó diversas repercusiones ambientales, como erosión, sedimentación, deforestación, hundimientos, contaminación por químicos como arsénico, aluminio, magnesio, hierro y mercurio y agentes tóxicos que fluyen en el agua y que pueden dañar la agricultura y la ganadería. Los proyectos mineros, según el COHA, también pueden exacerbar la pobreza al cambiar las fuentes de ingreso de los habitantes de las zonas afectadas. En esto, abunda, las firmas mineras a veces ofrecen regalos y donaciones, lo que refleja un modelo insostenible de desarrollo y crea una situación de dependencia a los megaproyectos.
El resumen ejecutivo del informe El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá, enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sugiere que “Canadá debe tener leyes que requieran que las compañías respondan al daño causado por sus acciones en el extranjero”.
Las comunidades han resistido el embate de la minería canadiense. Activistas como Mariano Abarca Robledo en Chiapas y Bernardo Vázquez en Oaxaca fueron asesinados por su trabajo en las comunidades contra la minería.
Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería “esas compañías aman el oro y demás minerales que se extraen de la tercera parte de México, que quedó repartido como un pastel a partir del año 2000. Así, el 70 % de las concesiones mineras de ese país México están en manos extranjeras, de las cuales un 74 % se encuentran controladas por compañías canadienses”.
En La Platosa, filial de Excellon, los efectos ambientales han sido devastadores. En medio del desierto, la comunidad que recibía una cantidad limitada de agua ahora se encuentra con lodos tóxicos grisáceos en los desagües.
En Nuevo Balsas, Guerrero, el crimen organizado encontró en los habitantes y trabajadores una oportunidad para obtener recursos mediante el secuestro y la extorsión.
En Oaxaca, activistas ambientales son asesinados. Hay casos excepcionales donde las comunidades no han permitido el inicio de actividad minera extractiva, como San Miguel el Progreso, comunidad Me’phaa en la Montaña de Guerrero.
Ante esta realidad, la llegada de un gobierno liberal como el de Justin Trudeau parecía una luz de esperanza, sin embargo, el tema no parece estar en la agenda de prioridades del líder canadiense, cuyo compromiso con los derechos humanos y el medio ambiente parece tener un lado B.
