- La suerte se volcó en su contra, los personajes de pasado con influencia, ahora, tienen un panorama adverso, la iniciativa contra las “pensiones doradas” daría un revés a José Ángel Gurría, exfuncionario en gobiernos pasados; Elba Esther Gordillo, sin la fuerza del SNTE, debe pagar 19 millones de pesos por concepto de ISR de los ejercicios fiscales 2008 y 2009 y Javier Duarte, exgobernador de Veracruz fue vinculado a proceso por el delito de peculado por 5 millones de pesos
La época de transformación consolida la anulación de privilegios, principalmente, para la clase política. Prueba de ello es la iniciativa de ley en la que se propone la extinción de “jubilaciones doradas” para funcionarios.
En su momento, la president a Claudia Sheinbaum anunció que la iniciativa se encuentra en revisión final y que será enviada formalmente el lunes 23 de febrero. El argumento central es que ningún ex-servidor público debería recibir una pensión superior a la del actual Ejecutivo.
Entre los afectados de esta iniciativa es José Ángel Gurría, ya que había recibido 25 millones 806 mil 417.45 pesos en beneficios por los casi dos años que dirigió Nafin. Sólo en 2019 recibió prestación por pensión y subsidio para alimentos que sumaron un millón 347 mil 529.94 pesos.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hay otros casos de beneficiarios con pensiones de de alta gama:
•9,457 extrabajadores de Luz y Fuerza con pensiones de entre 100 mil y hasta un millón de pesos mensuales; 3,504 superan el ingreso neto presidencial.
•544 personas jubiladas en Petróleos Mexicanos (Pemex) con montos superiores al salario presidencial, por un total de 1,827 millones de pesos.
•2,199 pensionados en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que representan 4,496 millones de pesos anuales.
•1,449 jubilados del régimen de confianza en Nacional Financiera (Nafin) con un pago anual de 643 millones de pesos.
Mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia que ordena a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, reintegrar al erario 19 millones 269 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.
La exlíder del SNTE sostuvo que los montos exigidos correspondían a transacciones realizadas durante su gestión como secretaria general del sindicato. Sin embargo, no presentó elementos probatorios suficientes que acreditaran su dicho.
Otro caso en el que la justicia y la historia hicieron su balance fue con el exgobernador Javier Duarte.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de haber desviado durante su mandato 5 millones de pesos que estaban destinados a obras de salud en beneficio de niños y adultos mayores.
El ministerio público señaló durante una audiencia que duró casi siete horas que Duarte de Ochoa dirigía una red de funcionarios que utilizaban los recursos federales destinados a distintas áreas de desarrollo.
