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Decálogo colimense

Se reducirá 50 % el financiamiento público a partidos políticios y eso se destinará a programas sociales
16 de Enero 2017
Especial
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El gobernador Ignacio Peralta Sánchez se solidarizó con las familias colimenses tras el efecto adverso que el incremento al precio de los combustibles genera en la economía del estado al proponer 10 medidas emergentes, entre ellas, reducir 50 % el financiamiento público a partidos políticos.

Esos recursos, agregó, se destinarán a programas sociales, y habrá descuentos en el pago de hologramas vehiculares, exenciones en pago de ISR, programa de financiamiento para adquirir calentadores solares y apoyos a productores, entre otras acciones.

El gobernador estableció el compromiso de encabezar gobiernos austeros y transparentes, al señalar que “en estos momentos la población espera encontrar en la clase política, en sus gobernantes y en sus representantes populares, soluciones y no acciones de oportunismo político”, por lo cual anunció 10 puntos para apoyar a los colimenses tras el alza al precio de las gasolinas

PROPUESTAS

El gobernador de Colima propondrá al Congreso del estado mantener hasta septiembre de este año el pago del holograma fiscal sin multas ni recargos, además de generar más empleos.

El Gobierno del estado, por su parte, realizará compras consolidadas de fertilizantes y agroquímicos para ofrecer a los productores los mejores precios de mercado y se publicará la convocatoria del programa de pensiones a adultos mayores de 60 a 64 años en condiciones de vulnerabilidad, para que quienes resulten beneficiados reciban los recursos con la mayor celeridad posible.

Además, Peralta Sánchez refrendó que no habrá reemplacamiento obligatorio este año, se mantendrá al 100 % el subsidio a la tenencia, no se crearán nuevos impuestos ni subirán los ya existentes, y no se incrementará el costo de servicios y trámites gubernamentales.

También disminuirá 20% el consumo de combustible del Gobierno del estado, a excepción de áreas que atiendan programas sociales, seguridad pública, salud y protección civil, pero sobre todo –dijo– ningún funcionario poseerá telefonía celular pagada con recursos públicos.

Otro punto es la reducción en 25 % en los gastos en comunicación social, excepto aquellos orientados a campañas meramente informativas en temas de salud, educación, seguridad pública y protección civil.

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