Legisladores tratan de establecer la ruta para debatir la Ley de Seguridad Interior y dar con ella un marco legal que regule la presencia de las Fuerzas Armadas en el país; sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y académicos se pronuncian por las consecuencias que puede traer la aprobación de esta ley.
Alejandro Madrazo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comparte su mayor preocupación: “No conocemos el dictamen que se va a aprobar, solo las iniciativas y estas tienen una enorme deficiencia técnica de dudosa constitucionalidad”.
Además, agrega otra preocupación: la militarización que se pretende avalar ya la conocemos. “ Llevamos 10 años viviéndola y los resultados están documentados y toda la información que tenemos es que hay fuertes señales de alarma. Es preocupante lo que está sucediendo”.
En el mismo tono, Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, calificó como irresponsable la discusión de los legisladores que dictaminan sin considerar el contexto del país. “No revisan las múltiples violaciones de derechos humanos que existen por parte de las Fuerzas Armadas. Es preocupante que no se escuche o dialogue con las recomendaciones internacionales”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el concepto de seguridad interior es “propio de regímenes autoritarios, en la medida en que diluye la frontera entre seguridad nacional como tarea que fundamentalmente se encargan las fuerzas armadas y la seguridad pública, aun ciudadana, como tarea que fundamentalmente se encargan autoridades civiles”, recuerda Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Los académicos y más organizaciones exigen que se detenga el fragmento de la ley debido a la falta de evidencia empírica que constante, en el contexto actual de México, que la actuación militar es la vía adecuada para garantizar la prevención, investigación y sanción de delitos.
También hacen un llamado para que los legsladores escuchen a las víctimas de la política de seguridad militarizada y realicen un diagnóstico, documentado y debidamente sustentado en evidencia de los resultados y consecuencias que ha tenido la utiliziación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante los últimos 10 años.
¿De qué van las iniciativas?
PRI
Propone que el Ejército esté de manera permanente en las calles y que haga intercepciones terrestres, aéreas y marítimas y “todas aquellas que considere necesarias” sin que haya una declaratoria de afectación a la seguridad interior.
Establece bases de operaciones móviles y fijas, instalación de puestos de seguridad, intervención terrestre, aérea y marítima; patrullajes, puestos de vigilancia, reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas y “las demás que se consideren necesarias”.
Uso legítimo de la fuerza: utilización de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realizan las Fuerzas Armadas y federales para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave.
PAN
Autoriza al Ejército a usar la fuerza para repeler o controlar actos de resistencia no agresiva; incluso, con cita textual avala “la utilización de técnicas, tácticas y métodos por la Fuerza Armada Permanente […] para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva.
Permite que el Ejército realice tareas de procuración de justicia y de inteligencia: recibir denuncias, practicar detenciones, investigar y perseguir delitos, recoger testimonios, recolectar información.
Autoriza el espionaje y geolocalización indiscriminada de ciudadanos, y permite que toda información obtenida quede en manos de múltiples autoridades (CISEN, Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, Comisión Nacional de Seguridad, Fiscalía General).
PRD
Las Fuerzas Armadas no podrán estar en las calles para concretar una operación específica más de 180 días, aunque se le dan prórrogas indefinidas mientras subsistan las causas.
Otorga facultades limitadas a las Fuerzas Armadas: apoyo a autoridades civiles en el cumplimiento de órdenes de aprehensión y detención en flagrancia, bajo un decreto de medidas excepcionales.
Las sesiones del Consejo de Seguridad Interior serán privadas y la información que ahí se aporte, genere o produzca será reservada, en los términos de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental.
