POR ANDRÉS A. SOLÍS
Salud, educación y empleo fueron tres de los ejes más importantes de las políticas públicas que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto durante su sexenio, que concluyó este 30 de noviembre; sin embargo, para las personas con discapacidad su realidad no dista mucho de como era antes de 2012 en estos rubros.
A la inaccesibilidad física se suma la falta de acceso a la educación, a servicios especializados de salud y a un empleo que dé autonomía a quienes viven con alguna discapacidad; estos serán los retos que heredará la administración de Andrés Manuel López Obrador, aunque el fantasma del asistencialismo ronda su gobierno.
De acuerdo con Federico Fleischmann Loredo, presidente de Libre Acceso A.C., se perdió una gran oportunidad: “lamentablemente era el momento ideal para poner en práctica todas las obligaciones adquiridas al firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Amanda Azpiri de la Garza, presidenta de la asociación Escuchar es lo Máximo, A.C., coincide: el gobierno que concluyó no sólo soslayó el tema de las discapacidades, también revirtió políticas publicas y regresó a esquemas asistencialistas para atender a este sector de la población.
De paso, Azpiri de la Garza expresa su preocupación porque el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador fue el único candidato que no firmó los 30 compromisos por la infancia, que incluía un apartado específico sobre niños y niñas con discapacidad.
Según el conteo de población 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 7.7 millones de personas que viven con al menos una discapacidad.
De este universo sólo cuatro de cada diez personas adultas con discapacidad tienen acceso a un empleo, aunque ganan hasta 151 % menos que una persona sin discapacidad, de acuerdo con la Encuesta nacional sobre discriminación 2017 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y con estadísticas de la organización Impunidad Cero.
El 30 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, que detalla seis objetivos orientados a la inclusión de este sector de la población a la vida pública, la participación política y al disfrute de sus derechos.
Para ello, el gobierno delineó 37 estrategias y 313 líneas de acción en temas como armonización legislativa, salud, educación, trabajo, accesibilidad, turismo, derechos políticos, impartición de justicia, deporte, cultura, asuntos indígenas, y asuntos internacionales, entre otros.
Sin embargo, los resultados han sido pobres por incumplimiento del programa de gobierno y de la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México propuso, firmó y ratificó ante la Organización de las Naciones Unidas en 2008.
Federico afirma que quizás la Ciudad de México es la entidad que más avances ha mostrado hacia las personas con discapacidad, pero sólo en materia de accesibilidad, “en el resto del país, sobre todo en las zonas rurales, el avance no sólo ha sido mínimo, sino prácticamente nulo”.
Lamenta que hayan concentrado las prioridades en otras cosas y que hayan dejado de lado la atención a todos los grupos en situación de vulnerabilidad; en el caso particular de las discapacidades, el resultado “fue mediocre y sumamente pobre”.
Desde el momento en que se aprueban y reparten los presupuestos públicos, no existen consideraciones que garanticen la integración de quienes viven con una discapacidad en igualdad de condiciones con respecto al resto de la población.
Y si desde los presupuestos no se considera, por ejemplo, realizar adaptaciones físicas a espacios públicos, menos se toma en cuenta destinar recursos hacia otras políticas públicas que favorezcan el cumplimiento de los propios objetivos del Plan Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.
Exclusión laboral
Según Federico, en los últimos años no se ha logrado romper las barreras que limitan el acceso no sólo físico, sino al goce de los derechos a la educación, a la salud, a la movilidad o al empleo de personas que viven alguna limitación física, auditiva, visual o intelectual.
En el ámbito laboral se niegan oportunidades laborales a quienes tienen formación académica y viven con discapacidad; menos del 10 % de este sector poblacional tiene acceso a la educación escolarizada en igualdad de condiciones, lo que a la postre limita sus opciones profesionales.
Según la Encuesta nacional sobre discriminación 2017, del Conapred, 24.5 % de la población en México considera que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo, específicamente quienes tienen discapacidades múltiples.
Sólo una de cada 10 personas con discapacidad intelectual consigue trabajo, sin protección legal, prestaciones ni beneficios laborales.
En el último año, sólo 5 149 personas con discapacidad consiguieron empleo, pero con salarios menores a los que reciben personas sin discapacidad por las mismas actividades, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Hasta el 2017, según Conapred, 52.3 % de las personas con discapacidad en México obtenía sus ingresos de su familia, padres y otros familiares.
En materia legislativa, México enfrenta un rezago de una década en la armonización de las leyes que garanticen el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, lo que debió hacerse para cumplir los compromisos asumidos ante las Naciones Unidas en 2008.
En este sentido, Amanda destaca que se registraron retrocesos, como la reforma al artículo 61 de la Ley General de Salud, que eliminó la obligatoriedad de aplicar las pruebas de tamiz auditivo a todas y todos los recién nacidos en México beneficiarios del Seguro Popular, lo que causó que aumentaran los casos de sordera, cuando la idea era reducirlos.
Asegura que el gobierno federal trabajó poco en impulsar el acceso de los niños y las niñas con discapacidad al sistema educativo regular, y no se logró incluir, por ejemplo, el lenguaje de señas mexicano en las escuelas para que hubiese una educación más incluyente.
¿Hacia dónde vamos?
Al arrancar el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los pendientes que deja Enrique Peña Nieto en materia de discapacidad se convierten en los retos, aunque a la vista de algunas organizaciones no parece que tengan futuro.
Existe la amenaza de que eliminen las preguntas sobre personas con discapacidad en el Censo de Población y Vivienda, lo que contribuiría a invisibilizar aún más a una parte de la población, y tampoco ayudaría a contar con información precisa sobre cuántas personas con discapacidad viven en México; cuántas tienen acceso a servicios de salud; cuántas viven en pobreza, tienen empleo o educación.
Desde su campaña, el presidente López Obrador se refirió al tema de la discapacidad desde la visión asistencialista y se limitó a prometer becas.
“Vivimos con pánico porque parecería que para el nuevo gobierno la solución es el otorgar becas a las personas con discapacidad y con discapacidad grave. Claro que es una ayuda, pero aparte de esas becas requerimos acceso a la educación, al empleo, a la salud y al entorno social”, dice Federico Fleischmann.
Para él y para Amanda, no garantizar la inclusión total mantendrá a la población con discapacidad como una carga social, cuando la solución es que cada persona tenga los medios con qué resolver su vida.
A la par destacaron la urgencia de que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) se fortalezca, tenga más recursos financieros y sea un intermediario real entre el gobierno y la población con discapacidad.
A finales de noviembre pasado nació el Movimiento 3-12; aglutina a organizaciones civiles que trabajan el tema de las discapacidades, con el fin de convertirse en interlocutores con el nuevo Congreso y el nuevo gobierno para que el tema se mantenga y se resuelva en la agenda pública.
En papel
Objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018:
1. Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de la administración pública.
2. Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, así como a la atención de salud especializada.
3. Promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren el acceso al trabajo de las personas con discapacidad.
4. Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y especial, la cultura, el deporte y el turismo.
5. Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la información para las personas con discapacidad.
6. Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública de las personas con discapacidad.
