POR AURÉLIEN GUILABERT*
En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en diciembre de 2016, México destacó por su papel en las negociaciones del Acuerdo de París, instrumento global que compromete a la mayor parte de la comunidad internacional en la mitigación y lucha contra el cambio climático, reducción de los gases de efecto invernadero, mantenimiento de la temperatura frente al calentamiento global, resiliencia, protección de los ecosistemas, desarrollo de transferencia de tecnologías entre otras medidas: el tratado internacional vinculante, suscrito por la casi totalidad de los países, reconoce por primera vez la responsabilidad de los Estados y su obligación de dedicar presupuesto público en la materia, así como informar de manera transparente sobre los avances con respecto a las emisiones.
México, 12.° emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial y que presenta un contexto altamente vulnerable con respecto a las consecuencias del cambio climático, se comprometió a reducir un 25 % dichas emisiones para el 2030. Sin embargo, desde hace tres años el presupuesto anual de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha dejado de decrecer, pasando de 67.9 mil millones de pesos (2015) a 37.5 mil millones de pesos (2018). Tampoco existe a la fecha una política de Estado clara en cuanto a un plan institucional coordinado de acción sobre energías renovables, disminución de los combustibles fósiles, conservación de los bosques, resiliencia o de mitigación al cambio climático. ¿Y en cuanto a su estrategia de financiamiento? Menos.
La llegada anunciada de la activista por los derechos de la naturaleza, Josefa González Blanco, a la Semarnat puede ser una luz de esperanza y dar resultados concretos para México desde sus enfoques de justicia ambiental y social en la elaboración de una política transversal de Estado eficiente y con proyección internacional. Más allá de los resultados esperados desde la incidencia social con participación ciudadana, su colaboración con el futuro canciller, Marcelo Ebrard Causabon, puede resultar clave si se desea trazar un astuto eje de la política exterior en el tema.
La promoción del desarrollo sostenible y resiliente así como la lucha contra el cambio climático (como se había iniciado en la administración pasada bajo el liderazgo de Patricia Espinosa Cantellano, hoy secretaria ejecutiva para el Clima en la ONU) a pueden convertirse en componentes exitosos de marca país y de diplomacia pública que promoverán a México como un actor regional esencia en la esfera de la diplomacia ambiental.
El contexto negativo y revisionista del vecino del norte así como las capacidades reducidas de los países del sur fortalecerían el liderazgo internacional de México y de su soft power en materia ambiental. Asumir la causa del Acuerdo de París y su implementación concreta con rendición de cuentas a corto plazo desde una visión progresista e incluyente puede también volver a abrir la puerta a una relación franco mexicana renovada. El Consejo Estratégico Franco Mexicano que reúne a personalidades de alto nivel en distintos sectores de la sociedad sería un mecanismo oportuno que reactivaría rápidamente el posicionamiento de dicha agenda multidisciplinaria.
Una dupla armónica entre una mujer activista con visión fresca y reconocida por sus acciones en campo y el mexicano electo mejor alcalde del mundo, en parte por su compromiso medioambiental, puede dar luz a un proyecto de diplomacia ambiental de los más exitosos para el bienestar de la población mexicana, y un ejemplo a seguir entre el concierto internacional.
*Fundador de Espacio Progresista, A. C. Asesor en estrategias de políticas públicas, incidencia social y cooperación internacional.
@aurel_gt
