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La FGR ya tiene orden de captura contra Tomás Zerón, culpable del caso de Ayotzinapa

18 de Marzo 2020
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Tomás Zerón de Lucio, el hombre que condujo la “investigación” que arrojó la “verdad histórica” sobre el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tiene orden de arresto de un Juez a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), reveló el domingo el periodista Álvaro Delgado en la revista Proceso. Ahora se sabe, de acuerdo con lo que publica hoy César Martínez del periódico Reforma, que huyó a Canadá.

Zerón de Lucio fue un hombre protegido por el ex Presidente Enrique Peña Nieto. Cuando la presión social condujo a su destitución como jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue directamente asignado como asesor de la Presidencia. Este nuevo encargo fue tomado como un intento de Peña por protegerlo.

La orden de aprehensión en contra del ex titular del AIC fue emitida por la FGR el 10 de marzo pasado, por lo que la Interpol giró una ficha roja para su captura en el extranjero, pues según los reportes federales a los que tuvo acceso ReformaZerón se habría fugado a Canadá.

El diario de circulación nacional explicó que la acusación contra Zerón de Lucio, por los cargos de tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen, pérdida y ocultamiento de pruebas, surgió después de lo ocurrido el 28 de octubre del 2014 en Río San Juan de Cocula, Guerrero, día en que supuestamente se llevó ilegalmente y sin la compañía de su abogado a Agustín García Reyes, “El Chereje”, uno de los presuntos implicados en el hallazgo de restos de los 43 normalistas.

En un informe de la Visitaduría General de la FGR del 25 de junio de 2019, citado por Reforma, se advierte que el ex funcionario también ordenó a los peritos de la extinta PGR llevar a cabo la búsqueda de los restos humanos solo en el río, impidiendo que se investigara en toda el área.

Por este motivo, fuentes ministeriales aseguraron que existen pruebas suficientes para confirmar que Tomás Zerón de Lucio y su equipo de AIC fabricaron el informe de “la verdad histórica” acerca de la desaparición y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa.

Ayer, Ezequiel Peña Cerda, director del área de la Agencia de Investigación Criminal, y el suboficial Julio Dagoberto Contreras Saucedo fueron detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una investigación que se sigue en su contra por la tortura a uno de los involucrados en el caso Ayotzinapa.

La FGR relaciona a Peña Cerda y a Contreras Saucedo con la tortura en 2014 de Carlos Canto Salgado, uno de los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Los actos de tortura quedaron evidenciados en un video difundido en redes sociales en junio del año pasado.

El Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales de Guerrero giró la orden de aprehensión contra los funcionarios por los delitos de tortura, contra la administración de justicia y abuso de autoridad, por lo que serán trasladados a dicha entidad para continuar con el proceso legal.

La tortura a personas relacionadas con la desaparición de los estudiantes fue comprobada desde 2018 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 15 de marzo de ese año la dependencia publicó un informe donde apuntó que al menos 34 personas detenidas en las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron torturadas.

Mientras que desde junio del año pasado el Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, misma que fue conformada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La reposición se ordenó porque los magistrados determinaron “que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

En septiembre de 2014, más de 100 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, se trasladaron a Iguala de la Independencia y fueron perseguidos y atacados por policías municipales y presuntos miembros del crimen organizado. El saldo: 43 jóvenes desaparecidos, tres asesinados, y dos con lesiones perpetuas.

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