México, 19 Feb (Notimex).- México vive un crisis en materia de derechos humanos debido a una serie de acciones y malas decisiones tomadas durante los últimos sexenios que dañaron el tejido social y que urge ser reparado, consideró la especialista Mariclaire Acosta Urquidi.
Al participar en la serie de conferencias “Derechos humanos. Temas y problemas”, organizadas por el Seminario de Cultura Mexicana, expuso que dicha crisis fue la que en su momento hizo que la gente optara por manifestar su descontento en las elecciones, donde Andrés Manuel López Obrador resultó vencedor.
En su opinión, la crisis inició ante la incapacidad de la Administración Federal de hacer frente de manera adecuada a los problemas de delincuencia, generando una serie de situaciones de inseguridad con ajusticiamientos, amenazas y desapariciones.
Esto es lo que ha llevado a la presente Administración Federal al planteamiento de una Guardia Nacional, cuyas bases deben estar bien definidas para el respeto de los derechos humanos, comentó.
En México se está muy lejos de alcanzar un Estado de derecho pleno, donde las garantías individuales vayan de la mano con la justicia y el desarrollo del país, toda vez que más de la mitad de la población vive al margen de la legalidad, agregó.
Por ello, alertó, hoy México tiene una de las calificaciones más bajas en el mundo en materia de impunidad. Esto es el resultado de un estado de ilegalidad generalizado, sustentado en normas sociales reconocidas, aceptadas y aplicadas en materia de corrupción, advirtió.
A eso se suma la muy baja voluntad política existente en las administraciones anteriores, lo que se tradujo en una actitud negativa de la población que no confía en las instituciones ni en las autoridades.
En conclusión, anotó, todo ello plantea la necesidad de restablecer y reparar el tejido social que se encuentra muy dañado, pero también sediento de lograr un Estado de derecho pleno.
Al final de cuentas, una fórmula elemental para lograr esto es trabajar para lograr una justicia transicional, la cual consiste en restablecer una participación sana e interactiva entre la sociedad y el Estado a fin de resarcir el Estado y garantizar que se respeten las garantías fundamentales del país.
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