¿Crisis imparable?

18 de Marzo 2018

Autor

POR AURÉLIEN GUILABERT*

A  pesar de que se desarrolló sobre una laguna, la Ciudad de México padece hoy un conflicto mayor entre el agua y sus habitantes. Es una relación paradójica entre inundación y escasez, una relación distanciada frente a la falta de información, de comunicación y de sensibilización sobre su disponibilidad y su calidad. Esta urbe es una de las poblaciones que más consume agua embotellada a nivel mundial; ha entubado los ríos como una relación excluyente, reflejo de la desigualdad socioeconómica en cuanto a su abastecimiento y acceso universal. Es una relación despreciada cuando el 40 % de abastecimiento del agua se pierde por el deterioro del drenaje, o cuando solamente el 30 % de las aguas residuales está tratado. Una relación explosiva, preocupante, frente a la escasez cada vez más aguda en territorios de mayor población de la capital, víctimas de manipulación y chantaje electoral.

A pesar del reconocimiento jurídico local, federal e internacional del derecho al agua, y de haber declarado materia de seguridad nacional todo lo relacionado con su abasto, aprovechamiento, cuidado y utilización, el Gobierno federal invierte apenas un poco más del 2 % anual, con un recorte del 72 % en el ejercicio del 2017. Ello impide a las demarcaciones locales garantizar el servicio público y el derecho humano.

Desde una visión justa e incluyente, es fundamental atender con prioridad la crisis actual en términos de desigualdad espacial en la Ciudad de México, un potencial brote de revuelta social. Además de la urgencia de una inversión prioritaria en materia de operación de infraestructura para la captación y distribución, el Gobierno de la Ciudad de México tiene la tarea de promover incentivos, espacios y mecanismos con el propósito de fomentar alianzas estratégicas para el desarrollo de políticas hídricas novedosas; desde la lógica del interés público y sin ánimo de lucro, incentivar el compromiso y el involucramiento de la ciudadanía hacia un nuevo modelo de gestión pública y corresponsabilidad social. Obligar a gran escala prácticas resilientes de reúso, separación y aprovechamiento de agua de lluvia, corrigiendo los hábitos incorrectos de consumo de alguna parte de la población: mientras que en algunas delegaciones cada persona consume en promedio hasta 300 litros de agua al día, en Iztapalapa el uso promedio es de 80 litros por persona. Entonces, es esencial reflexionar también sobre la aplicación de políticas de precios adecuados y equitativos en el suministro de agua desde una visión social redistributiva, diferenciando las zonas populares y residenciales.

Hace unos meses, como parte de su lucha cotidiana para enfrentar los desafíos hídricos en Iztapalapa, la jefa delegacional Dione Anguiano Flores emprendió el rescate de un espacio abandonado con el objetivo de desarrollar un proyecto innovador, único en el país, transformando el paradigma de la función tradicional del espacio público y de la gestión del agua: el parque hídrico La Quebradora.

Además de multiplicar los metros cuadrados de espacio público accesible para la población y de contribuir a la reforestación, dicho proyecto se caracteriza por su infraestructura funcional en materia de recolección de aguas pluviales. Vaso regulador, el parque tiene por función el almacenamiento y la purificación del agua para su reintroducción al subsuelo. En general, en temporadas estivales la lluvia inundaba las zonas colindantes por lo que también fungirá como un método eficaz de gestión de riesgos y de concientización para la población local. La iniciativa ha suscitado el entusiasmo local y los reconocimientos científicos internacionales, por lo que pretende ser replicada en otras ciudades con condiciones similares, especialmente en China.

Los diagnósticos sobran. Las soluciones pragmáticas existen. La situación empeora cada día más. En 40 años, o menos por las consecuencias del cambio climático, la mayoría de los pozos subterráneos que abastecen a la región se agotarán. La crisis del agua sólo podrá contenerse con conciencia, con un cambio de rumbo inmediato y concreto, con institucionalidad, transparencia, compromiso público y visión de gobernanza de largo plazo. ¿Sin ello, qué pasará con las más de dos millones de personas que diario son discriminadas y vulneradas por su condición socioeconómica por parte del Estado de hoy, por parte de los intereses de unos cuantos?

*Fundador de Espacio Progresista, A. C. Asesor en estrategias de políticas públicas, incidencia social y cooperación internacional.

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