Impulso progresista

Guerra 
del azúcar

01 de Julio 2018

Autor

POR AURÉLIEN GUILABERT

México, primer consumidor de refrescos a nivel mundial con 163 litros por persona al año –consumo 40 % mayor que el de un estadounidense promedio, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)–, ocupa la tasa más alta de obesidad en adultos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y las primeras en materia de obesidad infantil a nivel mundial. Aunado al aumento de peso, el abuso de grasas y azúcar contribuyen al desequilibrio hormonal y comportamental de las personas; también provocar estrés, irritabilidad, cambios de actitud, todos relacionados a los orígenes de las violencias.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatiza la gravedad de la situación en el país, alertando sobre la pandemia de las enfermedades crónicas no transmisibles provocadas en gran parte por el alto consumo de bebidas azucaradas, y consideradas oficialmente peligrosas para la salud.

Si bien 86 157 millones de pesos fueron recaudados por la Secretaría de Hacienda gracias al impuesto sobre los refrescos desde su implementación en 2014, la tasa de recaudación todavía es muy baja según los criterios de la OMS a fin de desincentivar el consumo. Se recomienda un carga económica equivalente al 20 % del precio del producto, o a dos pesos por litro de refresco, en comparación a un peso por litro según la normatividad mexicana. De hecho, el volumen de las ventas de las bebidas azucaradas se mantuvo estable desde el 2014 (en Cataluña, con base en las tasas recomendadas, se redujo un 25 % luego de un año de su implementación). Además, ¿en qué se invirtió específicamente, peso por peso, la aplicación de dicho impuesto Especial sobre Producción y Servicios para la sociedad mexicana? La opacidad del sistema fiscal nacional y de su rendición de cuenta es la respuesta.

Para mayores resultados en contra de la obesidad, del sobrepeso poblacional y enfermedades vinculadas a ello, la política de recaudación fiscal tiene que estar complementada por otras acciones gubernamentales transversales con el propósito de lograr la disminución sensible del consumo: educación, comunicación efectiva y orientada con advertencia, información en el etiquetado de los productos, control de las campañas publicitarias, prohibición de la distribución libre o sin límites en restaurantes, por ejemplo.

El consumo abusivo de azúcar y de la comida chatarra está vinculado al nivel socioeconómico de la población. Es decir que dichos productos siguen siendo muy accesibles, comparado con la falta de acceso a alimentos y bebidas saludables económicas. El precio del agua es casi idéntico o incluso más costoso que algunas marcas de las bebidas de mayor contenido calórico y químico. Las recomendaciones de la OMS se enfocan también en promover subsidios que fomenten el acceso al agua potable, que fortalezcan las industrias de las bebidas y alimentos saludables, que impulsen estrategias de prevención de la obesidad especialmente focalizadas en el desarrollo del círculo familiar y educativo.

Además del enfoque preventivo, la estrategia gubernamental debe incluir, como en el caso de consumo y abuso de cualquier droga (sí, el azúcar tiene propiedades aun más adictivas que la cocaína), un enfoque de reducción de riesgos y daños. Es necesario no solamente alertar de manera general y esporádica desde una visión prohibitiva sobre los riesgos del consumo, sino sobre las alternativas existentes hacia productos dulces más saludables o azúcares menos dañinos para el organismo, y el peligro real en función de las cantidades ingeridas.

Frente a una situación alarmante y epidémica en materia de salud pública, el impuesto light sobre los refrescos fue un paso tibio. La política de reducción de consumo de azúcar y de lucha contra la obesidad se quedó definitivamente a medias, con falta de transversalidad, firmeza, continuidad, evaluación, transparencia y por ende de resultados claros; un pendiente urgente para la nueva administración.

*Fundador de Espacio Progresista, A. C. Asesor en estrategias de políticas públicas, incidencia social y cooperación internacional.

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