MANAGUA (AP) — El gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica concluyeron el jueves su segunda jornada de diálogo en un ambiente de hermetismo y sin haber entrado todavía a discutir los “temas de fondo” de la negociación, informó en un comunicado la coalición de organizaciones sociales.
La Alianza indicó que las pláticas avanzaron y anunció que las partes volverán a reunirse el viernes pero subrayó los pendientes que tiene.
“Es importante reiterar que la negociación no ha entrado a temas de fondo”, agrega el documento tras destacar que la oposición considera “crucial” que las reglas de las conversaciones estén claras y definidas de cara a la adopción de posibles acuerdos.
Los opositores aprovecharon el final de este segundo día de pláticas para insistir en sus exigencias: la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política, hacer reformas electorales que garanticen elecciones justas, libres y transparentes, y justicia.
El gobierno no se pronunció sobre el desarrollo de la segunda sesión.
Las discusiones para intentar resolver la crisis política en la que se encuentra sumido el país desde abril del año pasado se realizan a puerta cerrada en una escuela de negocios al sur de la capital sin la presencia del presidente Daniel Ortega y con opositores procedentes del mundo empresarial, académico y estudiantil.
El secretismo sobre la nueva mesa contrasta con la apertura de la realizada el año pasado, cuando las discusiones se transmitieron en vivo y la gente pudo ver cómo Ortega enfrentó duros cuestionamientos de un líder estudiantil que le exigió dejar el poder y “rendirse” ante la mirada de millones de telespectadores.
Una figura de la oposición cercana a la negociación confirmó a The Associated Press que uno de los tres puntos en discordia sería la negativa del presidente Ortega a aceptar la presencia de “garantes internacionales” como exige la oposición. Estos podrían ser representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea o de las Naciones Unidas.
Según indicó el miembro de la oposición que pidió el anonimato para no perturbar el curso de las negociaciones, la Alianza Cívica también habría exigido que la Iglesia actúe no solamente como “testigo” de las pláticas sino con un rol más activo, de mediación –como lo hizo en el primer diálogo nacional en 2018 que estuvo vivo menos de dos meses–, y que se incorporara a las pláticas el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarezmex, aparentemente vetado por Ortega.
“Estamos trabajando en la hoja de ruta. Se avanzó pero falta”, dijo a la AP uno de los empresarios que negocia en el equipo de la Alianza y que también pidió no ser identificado “para no entorpecer el proceso”.
“Será pública cuando eso se termine”, agregó. “Esperamos que sea pronto”.
En un comunicado previo a la segunda sesión, la Alianza Cívica explicó que los nueve puntos acordados tienen que ver con “aspectos prácticos de funcionamiento”.
Violeta Granera, líder del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), que junto con la Alianza forma parte de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco, criticó el secretismo en este diálogo.
“La transparencia y la comunicación hacia la ciudadanía, con el apoyo de los pocos medios independientes, son clave para el desarrollo de este intento por encontrar una salida negociada” a la crisis, dijo en entrevista con AP.
“En Nicaragua las negociaciones políticas tienen la mala reputación de haber sido secretas y a espaldas de los intereses del país”, añadió. “Eso no se puede repetir. Creo que al final del primer día del diálogo se cometieron errores en este sentido, que esperamos la Alianza Cívica los repare”.
Opositora a los sandinistas desde la revolución (1979-1990), Granera dijo tener “expectativas moderadas” frente a la actual negociación, porque “Ortega no ha dado ni está dando ninguna señal de voluntad”. Y subrayó que los 100 presos excarcelados el miércoles, junto antes del inicio del diálogo, no gozan de libertad total sino condicional (casa por cárcel), según lo confirmó el gobierno en un comunicado.
“La represión continúa igual (…) Imposible ser optimista en este contexto pero creo que hay que intentarlo”, aseveró.
Hasta el momento, ningunos de los equipos negociadores ha hablado de plazos o fecha límite para llegar a un consenso que pueda cerrar una crisis que comenzó el pasado mes de abril y que dejó al menos 325 muertos, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –en su mayoría producto de la represión estatal– más de 2.000 heridos, 52.000 exiliados y una cantidad de presos que según la oposición supera las 700 personas.
Para el analista político Oscar René Vargas, el objetivo de Ortega es demorar el diálogo mientras negocia de forma directa con el gobierno de Estados Unidos para que no aplique las sanciones establecidas en la Nica Act, aprobada en diciembre.
La Nica Act, aprobada en el Congreso de Estados Unidos en diciembre de 2018, permite a Washington aplicar sanciones económicas a funcionarios del gobierno de Nicaragua involucrados en casos de corrupción y violación de derechos humanos. También obliga a Estados Unidos a vetar las solicitudes de préstamo que el país presente ante organismos financieros multilaterales.
“El mensaje de Daniel Ortega es `yo voy a hablar con el dueño del circo y no con los payasos’, señaló. “Por eso nombró a seis bufones como sus representantes”, dijo Vargas en alusión a la delegación oficial integrada por el canciller Denis Moncada, tres diputados, un funcionario judicial y un líder estudiantil.
Extraoficialmente se había informado que el equipo del gobierno incluiría a miembros del gabinete considerados astutos negociadores, como el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, pero esto no ocurrió.
Según Vargas, el gobierno también buscaría ganar tiempo mientras espera el desenlace de la crisis en Venezuela. Ortega ha sido uno de los grandes aliados del presidente Nicolás Maduro en América Latina desde 2007, cuando Nicaragua comenzó a recibir grandes embarques de crudo en condiciones de pago preferenciales, aunque esa cooperación se redujo en los últimos años.
Mientras, la comunidad internacional saludó el reinicio de las conversaciones aunque con cierta cautela.
“Nosotros estamos de acuerdo con un proceso de diálogo, no exactamente como mediadores, pero como garantes de ese proceso”, dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tras exigir la liberación de todos los presos políticos como condición previa.
Almagro se reunió el miércoles con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, quien reiteró que no han descartado aplicar sanciones al gobierno de Managua.
“Estamos al lado del pueblo nicaragüense. El Parlamento Europeo y la OEA seguirán de cerca la situación, para que cese la represión de la prensa y la sociedad civil. Si no hay resultados concretos, llegarán las medidas”, advirtió Tajani en un tuit.
La CIDH, por su parte, recordó a los negociadores tener presentes en el debate temas como “el acceso a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para la sociedad nicaragüense y, especialmente, para las víctimas”.
