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Panamá ratifica rechazo a fianza a expresidente Martinelli

14 de Febrero 2019
AP Photo, Ricardo Martinelli,ARCHIVO - En esta foto de archivo del 19 de noviembre de 2018, el expresidente panameño Ricardo Martinelli responde a preguntas de periodistas mientras es escoltado en una audiencia en la Corte Suprema de Panamá. (AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo)
AP Photo, Ricardo Martinelli,ARCHIVO - En esta foto de archivo del 19 de noviembre de 2018, el expresidente panameño Ricardo Martinelli responde a preguntas de periodistas mientras es escoltado en una audiencia en la Corte Suprema de Panamá. (AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo)

PANAMA (AP) — Un tribunal superior de apelaciones de Panamá ratificó el lunes la decisión de negar fianza al expresidente Ricardo Martinelli, encarcelado desde hace año y medio acusado de intervenir conversaciones durante su gobierno.

El tribunal integrado por tres magistrados confirmó en una audiencia de apelación el dictamen de un juez de garantías emitido hace una semana que rechazó una fianza de libertad para el exgobernante, quien encara un juicio el próximo 12 de marzo.

Los magistrados argumentaron en su decisión que Martinelli no compareció voluntariamente para enfrentar a la justicia –sino que fue extraditado– y sostuvieron que está próximo un juicio en el que el sistema judicial debe garantizar la presencia del exgobernante ante los estrados.

Martinelli llegó a Panamá extraditado por Estados Unidos en junio de 2018 por pedido de la justicia panameña. El exmandatario permaneció detenido en una cárcel en Miami durante un año.

Los abogados de Martinelli volvieron a ofrecer una fianza por medio millón de dólares y la entrega de los pasaportes –de nacionalidad panameña e italiana– de su cliente.

Una anterior solicitud de fianza fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia en septiembre argumentando que existía riesgo de que se fugase.

A Martinelli, de 66 años, se le juzga bajo el sistema penal acusatorio de la justicia ordinaria desde diciembre pasado, cuando el pleno de la Corte Suprema declinó ser competente para juzgarlo debido a que el exgobernante dimitió al cargo de diputado del Parlamento Centroamericano, un organismo que le concedió inmunidad.

Se le acusa de haber ordenado presuntamente la interceptación de comunicaciones de al menos 150 personas y gastado millones de dólares en equipos de espionaje en los últimos años de su administración, que corrió de 2009 a 2014. Por la compra de esos equipos se le formuló el cargo de peculado. Por esos delitos podría ser condenado a 21 años de cárcel.

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