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18 de Febrero 2018
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POR AURÉLIEN GUILABERT*

 

Tarjetas, tinacos, tortas, gorras y demás útiles: ¡Ya arrancó la última etapa de la carrera desenfrenada entre quienes pretenden competir a nombre de la supuesta “justicia social”! Con esperanza, todos se preguntan hasta cuánto llegará la subasta de la boleta o de los apoyos del acarreo en los próximos meses.

Sin embargo, el mayor problema se presenta con el efecto contrario. Si tú no apoyas te quitan el agua, dejan de venir por la basura, o no te mandan policía. Esa es la vida que llevan millones de ciudadanas y ciudadanos en distintos barrios marginados de la Ciudad de México; sí, una de las 10 metrópolis más grandes del mundo. La quinta entidad más desigual del país. La ciudad donde el 10 % de las y los habitantes más ricos perciben un ingreso promedio mensual 26 veces mayor que el 10 % de las y los capitalinos más pobres. En una nación donde las 10 personas más ricas acumulan el mismo nivel de riqueza que el 50 % de las personas más pobres.

“Se ha encontrado en la buena política el secreto de matar de hambre a los que cultivan la tierra y hacen vivir a los demás”, escribió Voltaire en el siglo XVIII. Los gobiernos de esta “buena política” suelen preferir el desarrollo de programas sociales asistencialistas mediante la entrega periódica de tarjetas, despensas, útiles, etc. La transición democrática y la alternancia han reproducido modelos de gobernanza corporativistas, confundiendo justicia social con clientelismo.

¿Qué pasa en caso de una ausencia persistente del Estado para garantizar el derecho al agua?, por ejemplo. “A mí me ayuda Patricio, el de la cuarta sección porque siempre trae cuete por si se ponen de necios. Y con eso pues le llevamos el agua a nuestra gente y tenemos más poder en la zona. La gente nos respeta. Nos deja tranquilos para hacer lo que queremos en nuestro territorio”, comenta una mujer líder social de su colonia en alguna parte de la ciudad. Ella se refiere a la dinámica del secuestro de pipas de agua que llegan a pasar por su zona.

El acceso universal a servicios públicos básicos para el bienestar social es un derecho plasmado en la Constitución, así como en las leyes marco de nuestra sociedad. Pero sigue manteniéndose la violación a dichos derechos, especialmente por la falta de transparencia, equidad y justicia social en la repartición del presupuesto público. La distribución presupuestal debería contemplar de manera prioritaria criterios no solamente poblacionales, sino también de nivel socio económico, privilegiando, por ejemplo, las inversiones en materia de infraestructura urbana en las zonas más marginadas (agua, movilidad, espacio público, etcétera).

Estos hechos, que suceden diariamente, reflejan la base de la injusticia social y la ausencia de una estrategia transversal en materia de equidad, de redistribución de las riquezas mediante los servicios públicos básicos, a los cuales todas y todos tenemos derecho. Sin que importe nuestra condición socioeconómica. Sin que importe la ubicación geográfica de nuestro hogar. Sin que importen nuestras preferencias electorales o ideológicas. Estos hechos reflejan una justica social falaz que se llama clientelismo. Un cáncer en cualquier pueblo que aspire a la democracia. 8 de cada 10 mexicanos ya no creen en la democracia como el mejor de los sistemas políticos.

La falta de justicia social impide el fortalecimiento de una democracia eficiente y el Estado de derecho. Tal situación abre una brecha para que otros tipos de liderazgos o prácticas surjan en desapego o marginalidad a la norma o a la ley. Urge redefinir la relación entre autoridades gubernamentales y habitantes, privilegiando el interés público y la justicia social equitativa, desvinculándola de las cuotas de poder territoriales. Solamente así se podrá empezar a evocar las bases para una reconciliación social hacia un andamiaje democrático sano.

*Fundador de Espacio Progresista, A. C. Asesor en estrategias de políticas públicas, incidencia social y cooperación internacional.

@aurel_gt

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