¿Y los derechos humanos, señor presidente?

No cabe duda de que el nuevo gobierno recibió un país en números rojos en materia de derechos humanos. La lista de problemas por resolver es larga, y sí, todos son igual de prioritarios

09 de Diciembre 2018

Foto Revista Cambio

POR ROGER VELA

El pasado 1 de diciembre, el Zócalo de la Ciudad de México lució abarrotado por miles de personas que acudieron a escuchar el primer discurso de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la nación. Rostros alegres, miradas esperanzadoras, mensajes de aliento, carteles donde expresaban su confianza. Fue una cita histórica: no hay un recuerdo en años recientes de un mandatario mexicano arropado de esa manera por las masas. Había música, comparsas, folklore y baile; todo era una celebración. Era apenas su primer día de trabajo, pero ¿qué pasará durante su sexenio? Nadie lo sabe. Lo que sí podemos adelantar son los temas pendientes en materia de derechos humanos que deberá atender el nuevo gobierno en un país lacerado por la violencia.

Para nadie es un secreto que en los últimos dos sexenios la violencia en México alcanzó niveles preocupantes para la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos, y, sobre todo, para las y los mexicanos. Aunque no es el único problema por resolver, pues a este se suman los miles de desplazados por el crimen organizado, los feminicidios, las desapariciones, las agresiones contra periodistas, el poco acceso a la justicia, la impunidad y una larga lista de asuntos prioritarios en los que también figura la crisis migrante.

Es decir, temas qué atender sobran, no obstante, días después de que ganó la elección, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) puso algunos en orden; le entregó a López Obrador una Agenda Básica de Derechos Humanos para guiar su administración en esa materia. El documento consta de 10 puntos y toca asuntos bastantes polémicos.

¿Qué dice la CNDH?

La CNDH solicita al nuevo gobierno la conclusión de asuntos que han marcado el debate público, como los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, San Fernando y Nochixtlán, entre otros. También exige la redefinición de las estrategias de seguridad pública con el propósito de que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, e implementar un Sistema Nacional Anticorrupción y de fiscalías autónomas de manera transparente.

Además, la institución autónoma propone esclarecer casos de ejecución arbitraria, desaparición forzada y tortura, y destinar recursos presupuestales para operar mecanismos que ayuden a resolverlos. Asimismo solicita esclarecer los homicidios y agresiones sufridas por periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos, y revisar o replantear los mecanismos con el fin de protegerlos.

En cuestiones de género, la CNDH exige el esclarecimiento de los casos de homicidio doloso en contra de mujeres o de feminicidios, y revisar el Mecanismo de Alerta de Género por Violencia en contra de la Mujer para fortalecerlo y optimizarlo. Finalmente, la Comisión propone garantizar la autonomía de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos.

¿Qué dicen los defensores?

Esos son los temas prioritarios a resolver para la principal institución de derechos humanos en el país, pero no son todos. Defensores de derechos humanos suman otros a la lista. Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), señala que uno de los primeros asuntos por resolver es mejorar las condiciones salariales y prestaciones de todos los trabajadores del país, con el objetivo de que a partir de ahí los derechos de los ciudadanos comiencen a ser respetados de manera integral y haya acceso a la justicia.

“También es importante el tema del respeto de los usos y costumbres de los pueblos originarios, y la participación de estos en el desarrollo y en la aplicación de los programas de gobierno en sus comunidades. No se puede mantener un modelo en el que las empresas se beneficien de los recursos naturales de los pueblos indígenas”, explica el defensor.

Asimismo, menciona que es importante atender el problema de los migrantes centroamericanos; es todo un reto que tenemos en México. Pero no sólo aquí hay una crisis, pues debemos velar por los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, por eso tenemos que atacar el problema de raíz, apoyar al campo y a los pequeños productores para ir solventado la crisis migratoria.

En ese sentido, de acuerdo con Iván Báez, también defensor de derechos humanos, el tema prioritario de la nueva administración en materia de derechos humanos es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Para él, se deben establecer mecanismos reales por los cuales se pueda investigar y esclarecer lo que ha ocurrido en los casos de violaciones graves a esos derechos, así como determinar las responsabilidades, las sanciones y la reparación integral de los daños.

“Solamente a través de la lucha cabal contra la impunidad y la corrupción podemos revertir casos como Ayotzinapa, así como el incremento de feminicidios y las violaciones a sectores de la población, como periodistas y defensores. Este tipo de asuntos son una muestra clara de la gran deficiencia que hay en México; marcan una agenda primordial al nuevo gobierno para combatir estos flagelos y brindar a la sociedad en su conjunto un pleno estado de derecho”, asegura Báez.

— ¿Qué otros temas se deben tomar en cuenta?

— En México deben fortalecerse los mecanismos de transparencia y acceso a la información; es decir, se debe dotar a la sociedad de información relevante sobre el derecho a la verdad, y dar a conocer la situación que se tiene en el gobierno respecto a la investigación de casos que afectan a la ciudadanía, así como otorgar herramientas para la fiscalización efectiva de contrataciones o ejercicios públicos.

Números fríos

Las cifras siempre han sido el reflejo de una realidad que expone un problema; en este país son varios. Por ejemplo, la organización México Evalúa asegura que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 90 asesinatos al día, más de 100 000 en todo su mandato.

Además, según datos de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, hay 4 201 expedientes investigados por ese delito; mientras que la CNDH asegura que desde 2007 se han localizado 1 307 cementerios clandestinos con al menos 3 906 cuerpos.

En materia de desapariciones, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas ha contabilizado un aproximado de 34 000 casos de personas extraviadas en el país.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas señalan que 1 394 personas han sufrido desaparición forzada –desapariciones que son cometidas por militares, marinos, policías o funcionarios públicos–, y tres cuartas partes de los casos han ocurrido en cinco estados: Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

No sólo eso, la Red Nacional de Organismos Civiles por los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) indicó que al menos 161 defensores de derechos humanos y 40 periodistas fueron asesinados en actos de represalia por su trabajo y labor durante la administración de Peña Nieto.

Finalmente, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio asegura que entre 2014 y 2017 fueron asesinadas 8 904 mujeres, aunque sólo una cuarta parte de estos casos fueron investigados como feminicidios.

Propuestas de AMLO

No cabe duda: el nuevo gobierno recibió un país en números rojos en materia de derechos humanos, pero ¿cómo piensa enfrentar esta crisis? En su primer informe como presidente, Andrés Manuel López Obrador anunció su programa de gobierno, una lista de 100 puntos, con el propósito de mejorar el país.

El punto 90 señala que se respetará la libertad de expresión y que nunca el gobierno aplicará censura a periodistas o medios. Horas antes, en su toma de protesta en el Congreso, aseguró que ante el problema de la inseguridad lo pertinente es atender las causas que originan la violencia.

“Ante la ineficiencia de las corporaciones policiales y el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes, estoy solicitando al Congreso, con carácter urgente, la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear –con la integración de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal– una Guardia Nacional para realizar funciones de seguridad pública, con pleno respeto a los derechos humanos”, expresó ante los legisladores.

No fue la primera vez que habló de la polémica Guardia Nacional, una propuesta que no es vista con buenos ojos por organizaciones y defensores de derechos humanos, pues aseguran que su implementación violará los derechos de los ciudadanos al mantener al Ejército en las calles.

Por ello, a finales de noviembre, más de 500 organizaciones rechazaron en una carta la propuesta del ahora presidente.

“Rechazamos la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada con rango constitucional porque significa una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país […] Estamos conscientes de la grave crisis de seguridad en la que nos encontramos, y valoramos la labor de las Fuerzas Armadas, pero arraigar esta función, que debe ser temporal y extraordinaria, en el texto constitucional, representa una afrenta a un régimen republicano y democrático que aspira a consolidar sus instituciones civiles, y los derechos y garantías individuales de todos los mexicanos”, señala el documento.

Si bien se vive un momento histórico en el país con la llegada del nuevo gobierno, y la gran esperanza ciudadana desbordada hacia el presidente, que no se había vivido hace décadas, en materia de derechos humanos hay bastante desconfianza sobre el futuro.

Habrá que esperar si el nuevo gobierno toma en cuenta la opinión de defensores, organizaciones e instituciones o continúa con un modelo que ha dejado a este país cubierto de sangre.

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