Revista Cambio
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Cambio 
de enfoque

02 de Diciembre 2018
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A pesar de que se tiende a considerarlas una minoría; a pesar de que esas personas sean objeto permanente de discriminación, casi todos viviremos en el curso de nuestra vida algún tipo de discapacidad.

A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –impulsada por México en su momento gracias al compromiso de Gilberto Rincón Gallardo– creó un precedente mundial en cuanto a la inclusión y el reconocimiento de los derechos humanos a nivel global. La Convención abrió la puerta con el propósito de que fuera acogido el tema en la Agenda 2030 para el Desarrollo de la ONU, así como en la Nueva Agenda Urbana de ONU Hábitat, suscritas por México y las cuales contemplan objetivos e indicadores claros sobre la inclusión de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito de desarrollo urbano.

No obstante, la práctica en materia de garantía de derechos de las personas con discapacidad es distinta en México. El contexto de exclusión se recrudece por las desigualdades socioeconómicas y las condiciones de pobreza persistentes en este país. Los recientes anuncios del presidente electo sobre la implementación de una ayuda económica especial, así como del acceso gratuito y universal a la salud para las personas con discapacidad mejorarán sin duda su calidad de vida.

Si bien los días anuales de conmemoración oficial permiten recordar la personalidad jurídica y algunas acciones positivas de los gobiernos, es urgente también poner el reflector sobre la falta de atención por parte de las mismas autoridades y la falta de inclusión de sus políticas; transformar la compasión en la exigencia de derechos ya reconocidos por los marcos normativos locales, nacionales e internacionales, y aplicar la justicia.

En este sentido, la Constitución de la Ciudad de México no solamente menciona en varios de sus artículos a las personas con discapacidad en materia de derecho a la educación, al deporte, a la salud o al cuidado, también contiene un apartado específico en ámbitos de derechos de las personas con discapacidad.

Dicho apartado, promovido por la diputada constituyente Katia D’ Artigues, visibiliza la condición y refuerza la persona jurídica de las personas con discapacidad, así como el deber de las autoridades locales para acompañar a sus familias en materia de información, capacitación y asesoría permanente; un elemento innovador clave en su empoderamiento social y jurídico que permite cambiar el enfoque de la discapacidad con el objetivo de fortalecer los derechos de las personas y su garantía efectiva.

Las posibilidades coercitivas de la acción pública existen. Por ejemplo: ni una obra pública más sin contar con un dictamen de accesibilidad universal avalado por expertos civiles u organismos internacionales. En este sentido, los mismos criterios de accesibilidad universal deberían respetar una homologación entre todas las alcaldías de la Ciudad de México. Sin embargo, primero resulta esencial introducir de manera obligatoria un módulo de información, educación y atención a las personas con discapacidad en todo el cuerpo docente, como condicionante de su desempeño profesional, y en los programas educativos desde la más temprana edad.

Aunque sea una obligación del Estado garantizar los derechos de todas las personas, también, junto con la sociedad civil organizada, se debe empoderar a las personas con discapacidad, a sus familias y seres cercanos sobre las posibilidades de acción existentes en materia de quejas o denuncias respecto a cualquier trato discriminatorio o de rechazo social.

La discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida que todas y todos tenemos el deber de entender, respetar y apoyar en pro de la mayor inclusión posible en las distintas esferas de la sociedad.

 

Aurélien Guilabert es fundador de Espacio Progresista, A. C., asesor en estrategias de políticas públicas, incidencia social  y cooperación internacional.

@aurel_gt

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