L a migración cada vez está más estigmatizada por los gobiernos nacionalistas de Estados Unidos o de algunos países europeos. Las personas migrantes que huyen de democracias fallidas, de estados autoritarios o por condiciones socioeconómicas son víctimas de discriminación y estigmatización instrumentalizadas por gobiernos extremistas. 3.4 % de la población mundial son migrantes o personas en movilidad, criminalizadas en varias partes del planeta.
El 10 de diciembre pasado, pese a la salida y el rechazo de varios países nacionalistas proteccionistas, 164 naciones se adhirieron al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas en Marrakech. Dicho documento promueve una política migratoria humanista multilateral y respetuosa del derecho internacional, mediante el consenso de 23 objetivos específicos conformados por un conjunto de acciones de implementación concreta.
Si bien refrenda los derechos humanos ya establecidos en los demás instrumentos internacionales, el Pacto sigue sin condicionar u obligar a los Estados. De hecho, dicho marco internacional de cooperación voluntaria reconoce también la competencia de cada país miembro a definir su política migratoria.
Por su lado, Estados Unidos sigue planteando una actitud reactiva radical frente a la migración, al presionar a México con el fin de que adopte una política de expulsión similar. Recientemente, en vez de detonar apoyos para el desarrollo local en Centroamérica, el presidente Trump incluso anunció oficialmente una ayuda económica significativa para México, con el objetivo de que siga siendo su brazo operativo de deportaciones masivas. También propuso condicionar la solicitud de asilo en Estados Unidos bajo el criterio de haberla solicitado anteriormente en México, haciendo del país una ventana de gestión previa.
México está reprobado por las violaciones al derecho internacional en materia migratoria, especialmente con respecto a las deportaciones ilegales o a las violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes, como bien lo han denunciado varias organizaciones de la sociedad civil –Amnistía Internacional, por ejemplo.
Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard brilló en la Cumbre de Marrakech por el anuncio de un plan de desarrollo multilateral en coordinación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en la zona sur de México y Centroamérica. El proyecto del canciller resaltó por la innovación progresista de su planteamiento, y por las acciones concretas lanzadas desde una perspectiva de inclusión y no criminalización que posicionará a México en materia de política migratoria ante el concierto de las naciones. La subsecretaria Martha Delgado, conocida por su compromiso ambiental, jugará un papel fundamental desde el multilateralismo para coordinar un plan transversal apegado a la garantía de los derechos humanos universales.
Sin duda, las olas migratorias permanecerán e incluso se intensificarán no solamente por las condiciones socioeconómicas y políticas, también por los desastres naturales y demás consecuencias del cambio climático. Sin embargo, paradójicamente, los países que está en contra del Pacto Mundial para la Migración también manifiestan reticencias o rechazo total a los Acuerdos de París sobre el compromiso multilateral de mitigación del cambio climático; una visión corta reaccionaria basada más en ocurrencias políticas que en las evidencias científicas y del desarrollo, a las cuales parece apostar próximamente el gobierno Mexicano entrante.
*Fundador de Espacio Progresista, A. C. Asesor en estrategias de políticas públicas, incidencia social y cooperación internacional.
@aurel_gt
